Hace poco Abascal señaló al PSOE como un partido criminal. En esa intervención el líder de VOX señaló algunos hechos de la historia del partido que hoy extenderemos y explicaremos mejor. Esta es la tercera parte de La oscura historia del PSOE.
La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 6 años de prisión y 15 años de inhabilitación al expresidente andaluz socialista, José Antonio Griñán, por delitos de malversación y prevaricación en la llamada pieza política de los ERE. El también expresidente andaluz del PSOE, Manuel Chaves, ha sido inhabilitado por un periodo de 9 años por prevaricación.
El tribunal ha condenado a 19 de los 21 ex altos cargos por el delito de prevaricación a distintas penas y ha absuelto a cuatro acusados por el delito de malversación. El fallo impone al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández, una condena de 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día. Al exconsejero de Innovación, Francisco Vallejo, se le imponen 7 años y 1 día de prisión por un delito de malversación e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día.
La exconsejera de Economía y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ha sido condenada a 6 años y 2 días de prisión, mientras que el exviceconsejero de Innovación, Jesús María Rodríguez Román, ha sido condenado a seis años y dos días de prisión.
La exconsejera de Economía y Hacienda y exministra, Magdalena Álvarez, ha sido condenada a 9 años de inhabilitación, al igual que el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, el ex viceconsejero de Economía, José Salgueiro Carmona, y el ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano.
El ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, mientras que su sucesor en el cargo Juan Márquez Contreras ha sido condenado a 7 años y un día de prisión. El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y el exviceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión.
El ex secretario general técnico de Empleo, Juan Francisco Sánchez García, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación, mientras que el ex secretario general técnico, Javier Aguado Hinojal, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación y absuelto de malversación. Lourdes Medina Varo, también ex secretaria general técnica de Empleo ha sido condenada a 8 años, seis meses y un día de inhabilitación y absuelta por el delito de malversación, por el que se le habían pedido seis años de prisión.
El ex director general de Idea, Miguel Ángel Serrano Aguila, ha sido condenado a seis años, seis meses y un día de prisión, mientras que el ex director general de IDEA, Jacinto Cañete, ha sido condenado a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación, quedando absuelto del delito de malversación, por el que se enfrentaba a seis años de cárcel.
La sentencia arroja cifras desconocidas en la historia de la corrupción política, con un desvío de millones durante 10 años de Gobierno socialista
Bajo el pretexto de establecer un mecanismo mediante el que agilizar las ayudas y subvenciones a empresas en dificultades y parados, los altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía sistematizaron todo lo contrario: que ingentes cantidades de dinero se repartieran a personas afines al socialismo sin ningún tipo de control y que los trabajadores que realmente las necesitaban se quedaran sin ellas.
¿A cuánto asciende el fraude de los ERE?
La sentencia de la Audiencia sevillana cifra en casi 680 millones de euros el dinero desviado a la trama ilegal. El fallo acusa a José Antonio Griñán y Manuel Chaves de tener "palmario conocimiento" de cómo sus subordinados de la Consejería de Trabajo diseñaron un mecanismo con el que ocultar el desfalco a los interventores para repartir el dinero entre quienes ellos arbitrariamente quisieran. Esta magnitud no tiene parangón con la de ningún otro caso de corrupción política destapado en España. Según resume la sentencia, el desvío iba desde los 6.977.751 euros del año 2000, en el que se estableció el sistema fraudulento, hasta un récord de 94.744.185,09 euros de 2008. El promedio anual de dinero distraído de los controles fue de 66 millones hasta acumular un total de 679.432.179,09 euros.
¿Quiénes son los condenados y por qué delitos?
En total hay 19 personas condenadas y dos absueltas. La cifra puede parecer pequeña para una trama que ha tardado prácticamente una década en resolverse en los tribunales. Pero hay que tener en cuenta de que se trata sólo de la conocida como Pieza política, en la que se abordan las responsabilidades de los cargos públicos que pergeñaron y ejecutaron el desvío de fondos públicos para eludir todos los controles pertinentes. Las causas separadas tienen muchos más encausados y ventilarán los aspectos más bizarros, como la filiación política de los beneficiarios y los gastos particulares de algunos cargos políticos en prostitución o drogas.
Una parte de los condenados, como es el caso de Manuel Chaves, lo ha sido a sólo penas de inhabilitación por un delito de prevaricación; mientras que otro grupo, en el que figura el también ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, lo ha sido a penas de inhabilitación y cárcel por malversación y prevaricación.
¿Cuánto suman las penas de prisión?
En esta primera pieza las penas privativas de libertad suman 60 años. Las condenas más elevadas rondan entre los siete y los ocho años de encarcelamiento y recaen sobre los responsables políticos de la Consejería de Empleo que diseñaron el entramado. Por ejemplo, Antonio Fernández, ex consejero de Empleo, y Francisco Javier Guerrero, ex director general del Departamento, acumulan 7 años y 11 meses de prisión. Un segundo bloque está encabezado por Griñán y otros altos responsables de la Junta bajo los que se desarrolló el esquema ilegal. Han sido condenados a 6 años de cárcel. Al ser penas superiores a dos años, si el Tribunal Supremo confirmara la sentencia, entrarían en prisión aunque no cuenten con antecedentes penales.
CUANDO empezaron a estallar sus escándalos de corrupción, el PP alegó que se trataba de los desmanes de oportunistas infiltrados. Los célebres casos aislados que se volvieron multitudinarios. Con la sentencia de los ERE, la prioridad del PSOE y de su poderoso entorno mediático no ha sido fabricar casos aislados a partir de Chaves y Griñán, sino proteger su reputación con el argumento de que jamás robaron para sí mismos. Por ahí pululan personajes secundarios que se pulieron el dinero en farla y pvtas, pero los próceres socialistas conservarían así, incluso atropellados por el escándalo de corrupción más grosero de la democracia, un pretexto para seguir ejerciendo la superioridad moral: no robaron para sí mismos, robaron porque un bien mayor los impelía a hacerlo.
Si personas presentadas como honestas no vieron razones para ofenderse con la existencia de una inmensa maquinaria cleptocrática al servicio del partido, significa que la rapiña estaba por completo asumida e institucionalizada en el PSOE. Justificada incluso para los supuestos intachables que no pasaban por el burdel. Así pues, personas que no robaban para sí mismas, que presidieron el PSOE además de Andalucía y ocuparon carteras ministeriales, al observar el ecosistema del partido no encontraban raro que la socialdemocracia, la que se ha arrogado el cometido de auxiliar a la humanidad, desviara a su propio clientelismo el dinero disponible para socorrer a La Gente. Si yo fuera votante socialista, preferiría pensar que se colaron unos chorizos, por muchos que éstos fueran, antes que asumir esta destrucción de las coartadas progresistas.
Esta sentencia va a tener otra consecuencia significativa. Basta ver cuál ha sido la reacción elusiva –cuando roba el PP, roba el PP, cuando roba el PSOE, roba el bipartidismo, o sea también el PP– de los profetas curativos que nacieron para liberar a La Gente de una casta criminal y que ahora son profesionales de esa misma casta que maquinan como los demás para obtener poder. La consecuencia es que la corrupción acaba de dejar de ser un argumento imperativo de la vida pública española. Lo fue mientras sirvió para desgastar al PP y para cohesionar mociones de censura como la de Sánchez. Pero pasa a convertirse en un asuntillo secundario en el preciso momento en que puede estorbar el advenimiento del ilusionante proyecto refundador de la izquierda.
Era la mujer perfecta. Por su tenacidad, por su resistencia, por su peluquería, por su maquillaje, por su habilidad para combinar prendas y complementos al entrar en su juzgado como si avanzara por una alfombra roja. Abanderada de una feminidad empachosa, su estética empezó a inquietarme mucho antes que su ética. Una madre de familia, con un empleo exigente, cuyo rostro jamás revela el menor signo de cansancio físico a las ocho de la mañana, o no es humana, o no es de fiar.
Ahora ya tenemos indicios contundentes de que Mercedes Alaya no es de fiar. La Fiscalía Anticorrupción la ha censurado con una dureza insólita, por haber dilatado sin motivo la instrucción del caso Mercasevilla, hasta lograr que prescribieran los delitos de dos imputados, que casualmente son hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez.
Les prometo que no voy a hablar de los jueces todas las semanas, pero comprenderán que hoy me pregunte, ¿y ahora, qué? La trayectoria previa de Alaya y este nuevo escándalo consolidan la impresión de un estado donde el poder judicial parece directamente sometido a los dictados del gobierno. ¿Se puede llamar a eso democracia? El viernes pasado me acordé de Cicerón. Hoy, recuerdo a Montesquieu. ¿Y el próximo? Al menos, la verdad sobre Alaya reconfortará a las mujeres imperfectas de España, todas esas madres con ojeras que salen de casa sin haber tenido tiempo para peinarse, y se pintan de mala manera en la parada del autobús.
La Policía detuvo el lunes 20 de febrero al diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes ―conocido como Tito Berni― por su implicación en el caso Mediador, una presunta trama de corrupción relacionada con Canarias por la que tuvo que dimitir una semana antes y que está siendo investigada por un juzgado de Santa Cruz de Tenerife. Desde su detención, este caso, del que cada día que pasa se van conociendo más detalles ―meretrices y drogas incluidas― promete ser el epílogo de una legislatura calamitosa.
La trama Mediador, que estaría encabezada por el ahora ex diputado socialista por Canarias Juan Bernardo Fuentes –ya en libertad, al no apreciar la juez riesgo de fuga–, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Taraconte, pedía un «peaje económico» a empresarios del ámbito ganadero y alimentario a los que captaban bajo la promesa de «obtener privilegios» en materia de contratación pública, ayudas europeas, o de evitar inspecciones y sanciones.