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Pablo Iglesias: del chalé de Galapagar a otro en El Portet de Moraira
Las redes sociales han destapado que el flamante vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez busca un chalé para el verano en Moraira-Teulada. El líder de Podemos demuestra buen gusto
Una de la joyas del Mediterráneo es sin duda alguna Moraira-Teulada. Cualquier guía que se precie incluye a la localidad alicantina entre los paraísos de la Costa Blanca y, en especial, la Playa del Portet, de arena fina y aguas cristalinas.
Pequeña y en forma de concha, es un magnífico escenario para tomar un baño tranquilo, realizar alguna rutas submarina, snorkel y quizá alguna excursión en kayak. Esta playa semi-urbana también dispone de un canal de acceso para embarcaciones.
Pues según distintas informaciones aparecidas esta semana en redes sociales es donde el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y su mujer Irene Montero, ministra de Igualdad desde el 20 de enero, han puesto sus ojos para disfrutar las vacaciones.
Lo más exclusivo de Alicante
No parece probable que pase lo mismo que ocurrió cuando José María Aznar, recién nombrado presidente, decidir disfrutar del agosto en Les Platgetes de Bellver de Benicàssim. No fueron pocos los dirigentes de su partido los que decidieron entonces buscar apartamento o chalé para estar cerca del líder y, a ser posible, jugar una partida de pádel con el entonces presidente popular.
La zona del Portet es de lo más exclusivo de Alicante. Un estudio del portal Valoring, de análisis de los precios de la vivienda, sitúa a esta zona entre las más cotizadas en el mercado inmobiliario de toda la provincia de Alicante.
El Portet es la única zona de la provincia donde el precio medio del metro cuadrado supera l0s 3.000 euros, además de las tres calles más exclusivas de la ciudad de Alicante: la Explanada de España y las avenidas de Maisonnave y Loring. Nada, al parecer Pablo Iglesia tiene muy buen gusto en cuanto a vivienda se refiere.
Primero, el chalé en Galapagar, y ahora una 'casita' de vacaciones en el litoral alicantino. Por cierto, en Torrevieja, por poner un ejemplo, le hubiera salido más barato.
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El juez acusa a Iglesias de ocultar hasta 3 años un 'usb' con fotos íntimas de una asesora
El instructor del caso Villarejo expulsa al vicepresidente segundo del Gobierno del procedimiento al entender que no ha quedado en ningún momento acreditado que fuera víctima del comisario
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, responsable del caso Villarejo, ha decidido quitar a Pablo Iglesias la condición de víctima del comisario. En un auto dictado este lunes, el magistrado concluye que las pesquisas efectuadas hasta el momento “no han permitido concretar en qué medida resulta ofendido o perjudicado de infracción penal alguna” el vicepresidente segundo del Gobierno y denuncia que a lo largo del procedimiento se han descubierto “contradicciones” incompatibles con su supuesta posición de damnificado. Le reprocha incluso que ocultar entre 5 y 36 meses un pendrive con fotos íntimas de una colaboradora.
La resolución supone un duro varapalo para Iglesias, que centró en esta causa y, en general, en los supuestos ataques de las cloacas del Estado, toda la campaña electoral de Podemos en las elecciones generales de abril de 2019. El auto supone su expulsión del procedimiento, a pesar de que el actual vicepresidente del Ejecutivo sostenía que el comisario Villarejo y sus teóricos colaboradores sustrajeron en 2015 un móvil a una de sus asesoras en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham, para filtrar la información a la prensa con la intención de atacarle.
Tras aceptar una querella de la Fiscalía Anticorrupción, el juez García-Castellón convirtió estos supuestos hechos en la pieza separada número 10 de la llamada operación Tándem y aceptó que Bousselham e Iglesias se personaran como acusación particular. Los abogados de Podemos lograron inculpar a Villarejo, a media cúpula de la Policía del PP y a varios periodistas.
La víctima: La responsable del área de migraciones de Podemos y asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham
Por un lado, el magistrado apunta que no se ha acreditado la participación del comisario Villarejo en el robo del móvil. En la operación Tándem, se localizó en su casa una copia de su contenido, pero no hay ningún indicio que lo relacione a él ni a ningún otro policía con la sustracción del teléfono. La información llegó de forma anónima a la revista Interviú y los interrogatorios han acreditado que este medio rechazó publicarla porque entre los archivos había "fotos íntimas" y datos "sensibles".
Sin embargo, se ha demostrado que, en enero de 2016, el máximo responsable de Interviú, el editor del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se reunió en su despacho con el propio Iglesias y le hizo entrega de un pendrive con el contenido del móvil. Allí mismo, en el despacho de Asensio, el vicepresidente segundo del Gobierno consultó el contenido del móvil y comprobó su carácter comprometedor.
Pese a su relevancia, el propio Iglesias reconoció en sede judicial que no se lo entregó a su colaboradora hasta junio o julio de 2016, es decir, al menos cinco meses después. Pero cuando Bousselham trató de acceder al usb, vio que éste estaba estropeado y era imposible abrir los archivos. El juez pone el acento en ese extraño comportamiento de Iglesias y subraya que, en realidad, pudo guardar el contenido "hasta 36 meses", si se tiene en cuenta que no se aportó al sumario un pendrive en perfecto estado hasta marzo de 2019. García-Castellón da un paso más allá y sugiere que la ya ex empleada del ahora vicepresidente segundo tiene la posibilidad de ejercer acciones penales contra el que fuera su jefe si así lo decide.
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Los delitos que acorralan a Iglesias por el caso de su exasesora Dina Bousselham
Las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que "la justicia actuaría de oficio contra Pablo Iglesias por el delito de daños".
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, se enfrenta a una posible investigación en el Tribunal Supremo por presuntos delitos de daños y revelación de secretos por el caso del supuesto robo del móvil de su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham. Unos hechos que se investigan en el marco de la causa del comisario José Villarejo.
El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidía retirar este lunes a Iglesias su condición de testigo perjudicado, tras las revelaciones en sede judicial de Bousselham de la semana pasada.
La exasesora de Iglesias y actual directora de la web laultimahora.es, vinculada a Podemos, reconocía que el amado líder de la formación morada le entregó una tarjeta de memoria telefónica ya destruida con la información de su móvil, 6 meses después de que el editor del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se la hubiera entregado en enero de 2016. Bousselham también reconocía que Iglesias le entregó la tarjeta ya destruida sin ninguna explicación y no pudo acceder a la información. Previamente, Iglesias sí había accedido a la tarjeta de memoria.
El delito de daños al que hace referencia el auto del magistrado García Castellón está recogido en el artículo 264 del Código Penal: "El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años".
Mientras, el delito de descubrimiento y revelación de secretos se menciona en el artículo 197 del Código Penal: "El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses".
El artículo 197.2 señala además que "las mismas penas se impondrán al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero".
El magistrado de la Audiencia Nacional rechazaba en el auto la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que "se requiera a Dina Bousselham para que a través de su representación procesal con asistencia letrada, especifique de manera expresa contra qué personas físicas y/o jurídicas ejerce la acción penal, y a quién o a quiénes otorga en su caso el perdón expreso por los hechos punibles que hubieran podido cometerse, se encuentren o no formalmente investigadas".
Según García Castellón, "no puede accederse en este momento procesal a la petición" y "esta solicitud resulta en este momento imprecisa e innecesaria, en términos de idoneidad, además de precipitada". "Al pretender la aclaración de Dina Bousselham sobre si expresa el perdón, parece que el Ministerio Fiscal alude al artículo 197.2 del Código Penal, respecto del cual el artículo 200.3 del mismo texto legal prevé que el perdón del ofendido o de su representante legal extingue la acción penal", concluía.
El delito de daños "no tiene perdón"
Las fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que "aunque Bousselham perdonara a Iglesias el presunto delito de revelación de secretos, la justicia actuaría de oficio contra el vicepresidente del Gobierno por el delito de daños que afecta de lleno a la Administración de la Justicia".
Las mismas fuentes apuntan a otros posibles delitos que podrían incardinarse en este caso tras las revelaciones de Bousselham sobre Iglesias. Entre ellos, se encontraría el de simulación de delito o falso testimonio. No obstante, para este último según la Jurisprudencia actual, dicho falso testimonio tendría que producirse durante el juicio oral y no durante la instrucción.
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Pablo como Imelda
Rosa Belmonte
PABLO Iglesias, miembro de la Orden Gubernamental de la Pomada, ha recomendado pomadita a los que considera enemigos. Suyos y del pueblo. «A quien siempre ha mandado en este país le produce urticaria que gente como nosotros esté en el Consejo de Ministros... Ya sé yo que les da urticaria. Pues pomadita», ha dicho al periódico portugués «Expresso». No sé cómo Halibut no le ha ofrecido un anuncio como el que hacía Terelu Campos para calmar los muslos escocidos.
Me gusta mucho cuando Iglesias habla en la entrevista de los dueños de los medios de comunicación que utilizarán sus medios para tratar de influir. Informar y tratar de influir, menuda sorpresa en un periódico. Lo raro es vender sartenes y fregonas, señor Pulitzer. Y me gusta cuando lamenta los ataques al Gobierno de coalición por parte de «la ultraderecha política y, sobre todo, mediática», dispuesta a «romper todos los consensos y asumir incluso formas de golpismo». Amárrame los pavos. Como dice Sergio del Molino, «Podemos, que iba a acabar con el “Régimen del 78”, ha cumplido su promesa, pero para instaurar el franquismo». Esto es a propósito del muy independiente medio «La última hora». «Desde la prensa del movimiento no veíamos en España un periódico creado por un partido en el Gobierno y dirigido por un miembro de ese partido», sigue el autor de «La piel» (Alfaguara), que sabe mucho de escozores. Podemos ha mandado una carta a sus inscritos («Querida inscrita, querido inscrito») donde elogia el nuevo medio de comunicación dirigido por Dina Bousselham («nuestra compañera» y chica Negre de Pablo) pidiéndoles que se hagan socios de tan necesario digital comprometido con la democracia y libre de «ataduras económicas para señalar a los grandes poderes». O sea, que suelten el dinero para contribuir a tan noble causa. Ni que decir que tiene más influencia el whatsapp de mi tía abuela y las amigas de brisca con todas sus mentiras o medias verdades. Pero señalar. Qué bonito.
¿Se acuerdan de aquella foto de Cristina Cifuentes donde dos indeseables feísimos le gritaban por la calle a una distancia muy pro Covid-19? Señalando. Hay una escena en «Lola la Piconera» (1951, Luis Lucia) en la que Juanita Reina canta lo de «Con las bombas que tiran los fanfarrones...» a la cara de un oficial francés paseado con los ojos vendados. Me siento como Juanita Reina cada vez que Pablo Iglesias habla (y no querría yo insultar a Juanita Reina), con la necesidad de cantarle pero sin estar enamorada del franchute. Contestando a sus melonadas de vicepresidente de los descamisados. Lo escucho o lo leo y más que a Evita me recuerda a Imelda Marcos en el documental «The Kingmaker», donde se expresa como si fuera la salvadora de Filipinas.
Me fascina Iglesias hablando de los que quieren «doblar la voluntad democrática de los españoles» (no digo que no haya, pero no son los que él señala). O de los que siempre han mandado en este país teniendo el parque móvil de la Guardia Civil en su calle porque le hacen ruido. Parece Pérez de los Cobos más demócrata que Marlaska. O que hable de «la patria», que en su boca sabe a «Patria o muerte». Patria y bandera. Espera, que ahora la bandera de España es la mascota de una fraternidad universitaria que se puede robar por unos niñatos (de derechas o de izquierdas). Ya lo cantaban las Vainica Doble: «No marques mi compás, amigo. Si vas delante iré detrás antes que contigo». Y ya lo cantaba Juanita Reina: «Cañones de artillería. Aunque pongan los franceses cañones de artillería no me quitarán el gusto de cantar por alegrías».