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Mensajepor Lastra » Mié 27 Jun, 2018 7:04 pm

César Sánchez Pérez
César Sánchez Pérez (n. Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura, España, 26 de agosto de 1978) es un político y sociólogo español perteneciente al Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). En 2011 fue elegido alcalde de Calpe, cargo que ostenta actualmente, junto al de presidente de la Diputación Provincial de Alicante, desde 2015.

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https://www.eldiario.es/cv/declarar-imp ... 22195.html
Imputado el presidente de la Diputación
de Alicante y alcalde de Calp por
coacciones y malversación


Los tribunales de Dénia ya habían archivado en dos ocasiones la denuncia presentada contra César Sánchez, pero la Audiencia Provincial ha obligado a reabrir la causa

Al también presidente de la Diputación se le ha investigado por presuntos delitos de coacción y malversación de caudales públicos

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César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante



Uno de los casos más controvertidos con los que se ha enfrentado el alcalde de Calp, el popular César Sánchez, regresa. El también presidente de la Diputación de Alicante tendrá que ir a declarar al juzgado de Dénia el próximo 12 de julio como investigado (la acepción actual de imputado) por una posible comisión de un delito de coacciones y malversación de caudales tras una denuncia de una funcionaria interina del Ayuntamiento de Calp ante el Ministerio Público en Alicante.



La citación se produce después de que en dos ocasiones el juzgado de Dénia haya archivado la denuncia presentada por una trabajadora, que cursó en su momento la fiscalía. Ha sido la Audiencia Provincial de Alicante la que ahora solicita al juzgado de Dénia que abra diligencias y realice alguna investigación antes de archivar la causa.

En mayo de 2017, momento en el que la fiscalía dio traslado a la denuncia presentada por la funcionaria y pidió la imputación del munícipe calpino por dos presuntos delitos de malversación y coacción, fuentes del entorno de César Sánchez aseguraron que la denuncia no tenía “ni pies ni cabeza”.

Sin embargo, la Audiencia, coincidiendo con el punto de vista del ministerio público, no lo ha visto así: la denuncia aporta prueba documental, facilita testigos y señala que el alcalde de Calp pudo disponer ilícitamamente de trabajadores municipales atendiendo a su cargo y ejerciendo un posible abuso para hacer campaña electoral en las municipales de 2015, sacando provecho de una institución pública. Sánchez ganó aquellas elecciones.

La versión de César Sánchez

Paradójicamente, ha sido el propio alcalde de Calp el que ha revelado su nueva situación procesal a través de un comunicado. Sánchez ha mostrado su máximo respeto a la justicia y ha pedido celeridad para que se aclare cuanto antes el caso de la trabajadora del Ayuntamiento calpino contra él.

“ El día 12 de julio voy a tener la oportunidad de explicarme y de dar mi versión de los hechos para aclararlos y evitar que quede alguna duda al respecto”, ha señalado Sánchez, quien ha manifestado estar tranquilo y “dispuesto a colaborar plenamente con la justicia para que esta situación se resuelva lo antes posible”.

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Mensajepor Lastra » Jue 28 Jun, 2018 11:15 am

https://www.eldiario.es/cv/Operacion-Al ... 22394.html
La Diputación de València enchufó como
altos cargos a miembros del PSPV y
Compromís pese a varios informes en contra


La presunta malversación investigada por el juzgado de Instrucción número 9 de València podría superar los dos millones de euros, la suma de los sueldos de los altos directivos

La UDEF ha abierto una línea de investigación para indagar si las contrataciones se realizaron a cambio de que los altos cargos abonaran una cantidad a los partidos políticos

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La Operación Alquería que ha acabado con el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, tres asesores y tres directivos de la empresa pública Divalterra, la antigua Imelsa, en los calabozos de la Policía Nacional se centra en la investigación de siete presuntos contratos fraudulentos de alta dirección, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Pero las pesquisas seguidas por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos son secretas y podrían ampliarse, máxime cuando ha habido registro en domicilios particulares.

Los siete contratos de alta dirección por los que han pasado una decena de personas fueron muy contestados por la oposición de PP y Ciudadanos desde un principio, pero también desde Esquerra Unida, que forma parte del Gobierno a cuatro -PSPV, Compromís, València en Comú y EUPV- que gobierna la Diputación. Tanto, que se aprobaron sin pasar por el consejo de administración y con hasta 14 informes contradictorios, según la información contrastada por eldiario.es.



Los contratos convertían a jefes de área en altos directivos y disparaban sus emolumentos hasta los 69.000 euros, aunque la mayoría ganaba entre 50.000 y 59.000 euros. Los elegidos por los cogerentes ahora detenidos -Agustina Brines y Xavier Simó- son personal muy vinculado a los partidos, tanto del PSPV como de Compromís. De hecho, tres cargos los nombraba la coalición y otros cuatro los socialistas.

Los altos directivos de la empresa pública Divalterra contratados por esta fórmula y que evitaba la concurrencia pública y los méritos son alcaldes socialistas de pequeños municipios como Salvador Femenía (Alquería de la Comtessa) o Víctor Jiménez (Rocafort), el presidente de la gestora del PSPV en la comarca de la Hoya de Buñol, Lucas Ferrando; o el exsecretario de Organización del Bloc (partido que forma parte de la coalición Compromís) Josep Melero.

La clave de las discrepancias en los informes se basaba en la elección a dedo de estas personas y en su consideración de altos cargos para conseguir mayores salarios. Los informes favorables justificaban la necesidad de la creación de estos puestos -antes eran jefaturas- para gobernar una plantilla de más de 600 empleados, mientras que los informes negativos reclamaban la concurrencia pública y la meritocracia de los candidatos.

Y es esa falta de concurrencia pública y el hecho de no haberse llevado al consejo de administración lo que motivó las denuncias de PP y Ciudadanos. El partido que preside Albert Rivera calculaba en su denuncia inicial que el dinero abonado en sueldos por estos cargos de alta dirección que han ocupado entre 2015 y 2018 una decena de personas podría superar los dos millones de euros.

La UDEF investiga si había pagos a los partidos

Una línea de investigación de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la policía nacional es si la contratación de estas personas se habría realizado a cambio de abonar una cantidad que los cargos públicos pagan a los partidos, en este caso a PSPV y Compromís. Es habitual en los partidos de izquierdas que sus representantes públicos en las instituciones cedan parte de su salario para los gastos de funcionamiento de las formaciones.

Divalterra, la empresa pública saqueada en época del PP de Alfonso Rus, ha estado en el foco de la polémica desde que se decidiera no liquidarla tras el gran escándalo de corrupción del caso Taula. La entidad ha seguido funcionado -principalmente en la gestión de las brigadas forestales- y ha seguido siendo utilizada políticamente.

Tanto PP como Ciudadanos han denunciado fraccionamiento de contratos e hicieron caer a un gerente, el dimitido Víctor Sahuquillo, por pasar gastos de bebidas alcohólicas a la empresa pública. El propio presidente de la Diputación de Valencia ahora detenido frenó un contrato de 600.000 euros para llevar las causas penales de la empresa pública a un despacho de abogados que había defendido a cargos del PSPV y que estaba vinculado al abogado de cabecera de los socialistas, Virgilio Latorre, a quien la formación adeuda una importante suma de dinero de sus años de lucha penal contra la corrupción del PP.

Los seis detenidos este miércoles en la Operación Alquería pasan la noche en los calabozos a la espera de ser puestos a disposición judicial. El presidente de la Diputación de Valencia tiene previsto ser interrogado por el juez el viernes, según el TSJ, por lo que habrá pasado 48 horas detenido.

La UDEF ha permanecido seis horas de registro en el Ayuntamiento de Ontinyent y en el domicilio de Jorge Rodríguez. Por la tarde acudieron a la Diputación con el presidente detenido para indagar en su despacho, que había sido precintado a primera hora de la mañana.

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Mensajepor Lastra » Jue 28 Jun, 2018 11:41 am

https://www.eldiario.es/cv/institucion- ... 71766.html
Los encargos del director de tesis de
Camps al director del máster de
Cifuentes: 12.000 euros por un informe
sobre una ley "inexistente"


El director del máster de Cristina Cifuentes realizó trabajos de coordinación para el Consell Jurídic Consultiu cuando Vicente Garrido era su presidente

Podemos pedirá explicaciones al expresidente de la institución consultiva valenciana

La pareja de Álvarez Conde fue la secretaria del tribunal de la tesis doctoral del expresidente Camps

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El entonces secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Francisco Camps, y el entonces director del Instituto Nacional de la Administración Pública, Enrique Alvarez Conde. EFE/Manuel Bruque.



La portavoz adjunta de Podemos en las Corts Valencianes, Fabiola Meco, ha denunciado que el Consell Jurídic Consultiu (CJC) "pagó de 2003 a 2006 a Enrique Álvarez Conde, director de máster de la expresidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, un total de 13.659 euros en concepto de dirección y coordinación de obras jurídicas".

En respuesta a una pregunta de la diputada, el órgano consultor ha informado de sus relaciones jurídicas con Álvarez Conde, "actuando éste siempre a título individual", detalla Podemos en un comunicado.



En concreto, al director del máster se le encargó la dirección y coordinación de la obra 'Comentarios a la Constitución Europea', en noviembre de 2003, por 12.000 euros. Según el contrato al que ha tenido acceso la formación, se abonaron en dos pagos de 6.000 euros, el 24 de noviembre de 2003 y el 27 de diciembre de 2004.

La institución consultiva realiza informe sobre leyes valencianas antes de su entrada en vigor, pero no europeas. Y mucho menos nunca aprobadas por el Europarlamento.

Desde la formación morada recuerdan que el Consell Jurídic Consultiu estuvo presidido por Vicente Garrido desde 2003 hasta que cesó en 2016 y que este fue director de la tesis del 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps. Además, el Gobierno de Camps sufragó con 30.000 euros al instituto que dirigía Álvarez Conde por un seminario que incumplía el convenio.

Ante este hecho, la diputada de Podem ha reivindicado que "las instituciones no están para ponerlas al servicio de los amigos" y ha subrayado que "Garrido tendrá que explicar por qué pagó más de 13.000 euros a Álvarez Conde para hacer un libro sobre una norma inexistente, porque, como todo el mundo sabe, la Constitución europea no existe".

Garrido defiende que la obra tiene tres tomos

Vicente Garrido ha asegurado que la obra sobre la Constitución Europea que encargó a Álvarez Conde consiste en tres tomos con 133 colaboradores. "Álvarez Conde, con el que no tengo relación hace siete años, realizó la coordinación y se pagó a cada una de las personas que participaron unos 600 euros", ha explicado. La obra tuvo el patrocinio de la Diputación de Valencia y Bancaja, ha añadido el expresidente del CJC, que ha defendido que la Constitución Europea no se aprobó pero que de ahí emanó el Tratado de Lisboa.

Otros libros y trabajos

En la información solicitada por Podem también consta que se le abonó, en concepto de compensación por gastos y tras la presentación de las facturas justificativas oportunas, la cantidad de 415,4 euros el 24 de noviembre de 2003. Esta obra sobre la Constitución europea fue publicada por la editorial Tirant lo Blanch en 2013.

También hay un capítulo titulado 'Personalidad jurídica de la UE en la Constitución Europea', que se publicó en la obra anteriormente citada y por el que se le abonaron 600 euros el 16 de julio de 2004.

Otros de sus trabajos fueron la disertación 'La legislación básica estatal como parámetro de la validez de la normativa autonómica' y el posterior debate en el marco de las jornadas organizadas por el CJC, bajo el título 'La intervención de los consejos consultivos en la elaboración de la ley y reglamentos', el 18 de noviembre de 2003. El precio abonado a Álvarez Conde por esta actuación fue de 600 euros, el 22 de diciembre de 2004.

En la Memoria del Consell Jurídic de 2004 aparece la referencia a la conferencia pronunciada por el catedrático, publicada en el número 2 de la 'Revista Española de la Función Consultiva' editada por el órgano.

El director del máster de Cifuentes tuvo una intervención como ponente en la jornada en torno al 'Informe del Consejo de Estado sobre la reforma de la Constitución', organizada por el CJC el 6 de marzo de 2006. El importe abonado por esta actuación fue de 600 euros, pagados un día después. También constan 44 euros abonados en concepto de compensación el 15 de marzo de 2006.

Pero esta no es la única relación entre el círculo de confianza de Camps y el de Álvarez Conde. Rosario Tur, pareja de Álvarez Conde, fue la secretaria del tribunal que validó la tesis doctoral del expresidente de la Generalitat.

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Mensajepor Lastra » Jue 28 Jun, 2018 12:35 pm

https://www.eldiario.es/economia/lista- ... 71500.html

Rodrigo Rato y Miguel Bosé, en la lista de
grandes morosos a Hacienda de 2018


Está compuesta por 4.318 personas físicas o jurídicas, 5% menos respecto al año pasado

El importe que deben es de algo más de 15.300 millones de euros, un 0,4% menos que el año pasado

Repiten Mario Conde, el jugador de fútbol Dani Alves y la empresa de la familia de la ex ministra de Sanidad Dolors Montserrat

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Lista de morosos de Hacienda 2018


El ex presidente de Bankia y exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y el cantante Miguel Bosé aparecen en la nueva lista de grandes morosos de Hacienda. El ex director gerente del FMI figura con una deuda de 1.002.103.31 euros y el artista adeuda al fisco 1,86 millones.

En el listado repiten, entre otros, el exbanquero Mario Conde y el jugador de fútbol Dani Alves. El primero debía 14,96 millones de euros al fisco el 31 de diciembre de 2017, frente a los 9,9 millones del año anterior.

En el listado predominan un año más muchas sociedades y empresarios del ladrillo que se vieron arrastrados por el crack inmobiliario de la anterior crisis. Entre las novedades destaca la aparición de los hermanos Cristina y Luis Cort Lagos, pertenecientes a una familia propietaria de grandes bolsas de suelo en Valdebebas (Madrid) a la que la Agencia Tributaria acusó de defraudar 112 millones, aunque un error judicial permitió que el delito prescribiera el año pasado. Tienen una deuda conjunta de 55,9 millones.

En la lista aparece la sociedad Anca Corporate, participada por Antonio Catalán, presidente de AC Hoteles, con más de 89 millones de euros. Esta empresa ha aumentado sus deudas con Hacienda ya que hace doce meses eran 70 millones.

Montserrat Operador Logístico, la empresa de la familia de la ex ministra de Sanidad del PP Dolors Montserrat repite en la lista con la deuda misma deuda: 4,3 millones de euros. Con un millón menos respecto a la lista publicada el año pasado figura Desguaces La Torre (14,3 millones), empresa del exnovio de la nieta de Franco, Carmen Martínez Bordiú.

El grupo Intereconomía aparece citado en dos ocasiones. Intereconomía Corporación e Intereconomía TV suman 17,6 millones de deuda.

Zenilde Borges, ciudadana brasileña propietaria de una red de burdeles y buscada por la Interpol, cuyos negocios con un líder patronal extremeño contó a eldiario.es, vuelve a aparecer con una deuda de 4,59 millones.

El edificio Torre de Cristal, una de las cuatro torres de la Castellana en Madrid, y propiedad de la aseguradora Mutua Madrileña aparece con una deuda de 1,89 millones, idéntica a la del año pasado.

También repiten la presentadora de televisión Patricia Conde y Kiko Matamoros. Este último incrementa ligeramente su deuda hasta los 1.016.643 euros, mientras que la deuda de Patricia Conde asciende a 1.865.412 euros.

La cuarta lista de los grandes morosos a Hacienda incluye los deudores de más de un millón de euros a 31 de diciembre de 2017. Está compuesta en esta ocasión por 4.318 personas físicas o jurídicas. Se trata de un descenso del 5% respecto al año pasado (eran 4.549 en el anterior listado). El importe que deben es de algo más de 15.300 millones de euros, un 0,4% menos que en el anterior listado.

Como siempre, el requisito es que tales deudas no hayan sido aplazadas o suspendidas antes de la fecha de toma de datos. Es la cuarta lista de grandes morosos que se hace pública, la primera con la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el nuevo director de la AEAT, Jesús Gascón.

Del total de morosos, la mayoría (3.978) son personas jurídicas, y 340 son personas físicas. Del importe total, más de 6.800 millones de euros (el 44%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (más de 1.600 deudores, el 37,9% del total) y, por tanto, es deuda afectada por un proceso en el que las posibilidades de cobro efectivo se encuentran limitadas mientras dure el propio proceso concursal.

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Mensajepor Lastra » Vie 29 Jun, 2018 11:33 am

https://www.eldiario.es/escolar/mentira ... 31305.html

Las mentiras de Cristina Cifuentes en su querella contra eldiario.es


Cristina Cifuentes mintió ante la Asamblea de Madrid, mintió ante los periodistas, mintió ante todos los ciudadanos y ha vuelto a mentir en la querella con la que pide cárcel contra Raquel Ejerique y contra mí

La ex presidenta madrileña centra su querella contra eldiario.es en el acta falsificada y las mentiras de la Rey Juan Carlos


"Cristina Cifuentes cursó el máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico durante el ciclo académico 2011/2012 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, aprobando todas las asignaturas del mismo de acuerdo con los criterios de calificación y evaluación que para cada una de ellas establecía el profesor correspondiente, incluido el Trabajo de Fin de Máster".

Falso. Cristina Cifuentes no aprobó todas las asignaturas de su máster en la URJC ni mucho menos presentó su TFM, como está más que acreditado ya. La expresidenta de Madrid se matriculó fuera de plazo. No fue nunca a clase. No se presentó a los exámenes. No hizo su trabajo de fin de máster y tampoco lo defendió ante ningún tribunal. Por eso Cristina Cifuentes está imputada ante los tribunales, al igual que los profesores que le regalaron este título oficial sin cumplir con los requisitos que se exigen a cualquier alumno normal.



Estas son las mentiras más flagrantes, aunque no las únicas, que aparecen en los 31 folios de la querella que la expresidenta de Madrid presentó en los juzgados el 4 de abril de 2018, un documento al que eldiario.es ha tenido acceso hoy, tras nuestra visita al juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Es un escrito firmado por la abogada de Cifuentes, que lo presenta en nombre de la expresidenta de Madrid. Los párrafos de la querella están en negrita. Entre líneas, mis respuestas a cada una de las mentiras que Cifuentes ha presentado ante los tribunales para pedir una severa condena de cárcel contra Ejerique y contra mí.

"La totalidad de los créditos fueron superados durante el año académico, tal y como consta en el certificado de notas emitido por la propia URJC. Sin embargo, por un error en la transcripción de dichas notas al sistema informático, fue necesario modificar dos de ellas".

Falso. Esas dos asignaturas aparecían con la calificación de “no presentado” porque, efectivamente, eso es lo que pasó: que Cifuentes no se presentó.

"Las notas referentes a estas asignaturas fueron corregidas por la propia URJC, tras la constatación, por su parte, de la existencia del error mencionado, del que se tuvo constancia cuando mi representada solicitó la expedición de su Título de Máster, el 23 de octubre de 2014".

Falso. No fue la URJC quien cambió las notas. Lo hizo por su cuenta una funcionaria conocida por Cifuentes, Amalia Calonge, que entró en el sistema informático de la Universidad y cambió las notas sin ser ella la persona que debería haber hecho esta gestión y cuando no había motivo alguno para esa nueva calificación. Por eso Calonge, igual que Cifuentes, está imputada hoy.

"El día 21 de marzo de 2018, la querellada, Dña. Raquel Pérez Ejerique, publicó en eldiario.es una noticia que titulaba del siguiente modo: "Cristina Cifuentes obtuvo su título de máster en una universidad pública con notas falsificadas" (...) Como consecuencia de la repercusión mediática del artículo de eldiario.es, tiene lugar la comparecencia en rueda de prensa del rector de la URJC, D. Javier Ramos, el profesor de la asignatura cuya nota aparece como modificada en la captura de pantalla publicada, D. Pablo Chico de la Cámara, y el director del Trabajo de Fin de Máster de mi representada, D. Enrique Álvarez Conde".

Pablo Chico de la Cámara también está imputado. Igual que Álvarez Conde, acusados de varios delitos de prevaricación y falsedad documental. De los tres que hablaron ese día, solo se libra el rector.

"En esta comparecencia se dan las explicaciones pertinentes sobre los hechos a los que se hace referencia el artículo de la Sra. Pérez Ejerique, afirmando que mi representada fue “tratada como cualquier alumno y alumna de esta Universidad".

Falso. Ni Cifuentes fue tratada como una alumna más ni se dieron las explicaciones pertinentes en esta rueda de prensa, donde los portavoces de la Universidad no pararon de mentir, como después se demostró.

"Sin embargo, estas explicaciones parecen no haber sido tenidas en cuenta por los querellados, que lejos de haber asumido la información oficial de la URJC, continuaron publicando artículos que, además de rematadamente falsos en cuanto a su contenido y repletos de manipulaciones de la realidad con un único y exclusivo fin difamatorio, seguían alardeando de haber accedido y seguir accediendo a los datos de carácter personal y reservado de la señora Cifuentes".

Por supuesto que no asumimos “la información oficial de la URJC”. No porque tuviésemos “afán difamatorio” alguno, sino porque nuestro trabajo consiste en buscar la verdad y en aquella rueda de prensa se mintió casi tanto como se habló. Tampoco “alardeamos” de acceder a datos personales de Cifuentes. Simplemente explicamos que nuestra documentación demostraba que la Universidad estaba mintiendo y que nosotros no.

"La señora Cifuentes se vio obligada a hacer públicos otros datos que corresponden a su esfera también personal, además de los ya publicados por la querellada, y que son los siguientes: (...) Acta del trabajo de fin de máster: “el sistema del reparto competencias en materia de seguridad ciudadana”, con la calificación de 7,5 puntos, de fecha 2 de julio de 2012, suscrita por las tres componentes del Tribunal...".

Cifuentes se refiere en su querella al acta del TFM que Cecilia Rosado fabricó, presionada por Enrique Álvarez Conde. Es un documento falsificado, como ha quedado acreditado ya. Entre otras cosas, porque las profesoras cuya firma aparece en ese papel han confesado la verdad.

Lo que hizo la entonces presidenta de Madrid fue mostrar un documento falso, a sabiendas de que no decía la verdad –ella mejor que nadie sabe que no presentó su trabajo–. Y más tarde usó ese documento falsificado para presentar esta querella pidiendo cárcel contra dos periodistas por contar la verdad.

"Finalmente, una vez que la Sra. Cifuentes reunió los documentos necesarios para desmentir el artículo de la Sra. Pérez Ejerique, se procedió a mandar un comunicado de prensa en el que se explicaba lo sucedido, y al que se adjuntaban los documentos recabados por mi representada. Igualmente, la propia Sra. Cifuentes mostró dichos documentos y dio las explicaciones pertinentes en un mensaje en directo a través de las redes sociales Instagram, Periscope, Facebook etc. la noche del 21 de marzo".

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Mensajepor Lastra » Mar 03 Jul, 2018 10:25 am

http://cadenaser.com/ser/2018/07/02/tri ... 68522.html
Macroperación contra la corrupción en más
de veinte ayuntamientos


•Se investiga una red de amaños de adjudicaciones fraudulentas de sistemas de ordenación de tráfico
•Muchos de los arrestos han tenido lugar en Cataluña, que es el origen de la investigación, aunque la operación se extiende a otras comunidades de España como Madrid, Asturias y Castilla y León

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Madrid
03/07/2018 - 08:24 h. CEST
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Operación policial de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional contra una red de amaños de adjudicaciones fraudulentas de sistemas de ordenación de tráfico. Según fuentes policiales la operación afecta a más de una veintena de ayuntamientos de toda España.




La Policía Nacional ha practicado varias detenciones en diferentes ayuntamientos de toda España, se calcula que se puede llegar hasta las 60 detenciones, que se van a acompañar de decenas de registros en consistorios y domicilios particulares. Hay ya más de 30 detenidos y entre ellos el conocido empresario José Luis Uribarri, con negocios en la construcción y los medios de comunicación, encausado en la trama Gürtel.


Según fuentes cercanas a esta investigación las adjudicaciones en las que los detenidos se llevaban comisiones acababan en una empresa radicada en Cataluña. Muchos de los arrestos han tenido lugar en Cataluña, que es el origen de la investigación, aunque la operación se extiende a otras comunidades de España como Madrid, Asturias y Castilla y León. Se prevén actuaciones en Arroyomolinos, Navalcarnero, Fuenlabrada y municipios de Cataluña, Coruña, Málaga, Zaragoza, León, Astorga, Oviedo, Huesa y Teruel.

La policía investiga una empresa tecnológica situada en Cataluña y que se llama Aplicaciones Gespol S.L, una firma del grupo Sacyr. Hay también varios policías locales acusados de haber intermediado con esta empresa para contratar el software de Gespol.

La mayoría de los consistorios investigados son del PP aunque también hay alcaldes de otros partidos. Se calcula que asciende a millones de euros y que el fraude se viene desarrollando desde hace años.

A los detenidos se les acusa de prevaricación, malversación, falsificación, cohecho y delitos contra la administración.

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Mensajepor Lastra » Mié 04 Jul, 2018 12:52 pm

http://cadenaser.com/ser/2018/07/04/tri ... 60880.html
El empresario José Luis Ulibarri, ante el juez
como cabecilla de la trama de amaños


Se investigan centenares de trabajos para ver si se inventaban datos de siniestralidad

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Madrid 04/07/2018 - 07:50 h. CEST

De los 39 detenidos 22 pasan a disposición judicial, 18 al juzgado de instrucción número 2 de Badalona y otros cinco detenidos a un juzgado de Astorga en León que ha abierto una pieza separada. El resto queda en libertad a la espera de la citación judicial.

Más información
• Macroperación contra la corrupción en más de veinte ayuntamientos

Entre los que pasan del juzgado de Badalona, está el empresario José luis Ulibarri, uno de los cabecillas de la trama, según la UDEF, implicado en el caso Gürtel. Según fuentes cercanas a esta investigación era el verdadero intermediador con la empresa Gespol y los consistorios municipales junto al empresario Miguel Hernán Manovel, secretario del Consejo de Administración de Begar. En total, han sido detenidos 11 empresarios.

El que ha quedado en libertad a la espera de la citación judicial es el alcalde Arroyomolinos, Carlos Ruipérez, de Ciudadanos. Es el primer alcalde de Ciudadanos que se detiene por un caso de corrupción. En total han sido detenidos 16 cargos públicos entre alcaldes y concejales.

La trama desmantelada actuaba de dos formas: inflar el precio de los contratos que se llevaba Gespol de manera desproporcionada y manipular datos de tráfico y siniestralidad para justificar la colocación de radares donde no eran necesarios con fin recaudatorio. La empresa pagaba presuntamente comisiones a cargos públicos y a policías locales.

Otra pieza clave de la organización desmantelada era José Francisco Cano, jefe de la policía local de Fuenlabrada y secretario de Políticas para la Gestión de la Diversidad Social de Unijepol, la asociación que agrupa a los jefes y directivos de las policías municipales de toda España. No es el único policía local detenido. En total se arrestaron a 8 jefes de la Policía Local y a un exjefe ya jubilado.

La operación continua abierta. Quedan registros pendientes en ayuntamientos y empresas y requerimientos judiciales en otros 21 ayuntamientos y mancomunidades.

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Mensajepor Lastra » Mié 04 Jul, 2018 8:39 pm

http://cadenaser.com/ser/2018/07/04/eco ... 43802.html
España, a la cola en seguridad laboral y
número de pobres en edad de trabajar


La receta del organismo internacional para mejorar la situación económica pasa por abaratar el despido


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España es el segundo país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con mayor número de pobres en edad de trabajar y con mayor inseguridad laboral. En el Informe de Perspectivas Laborales publicado este miércoles se detallan varias recomendaciones para cambiar la situación española, entre ellas, abaratar el despido.




La OCDE señala que "la pobreza es una fuente de inquietud en España". Un país donde la proporción de personas en edad de trabajar, que vive con menos del 50% del ingreso mediano, es de 15,9%, la segunda más alta de la OCDE. Solo es superada por Grecia con un 16%.

En cuanto a la seguridad laboral de los trabajadores españoles, la tasa es la segunda más baja de toda la OCDE, con un 17,5% frente al 4,9% de media de la organización. De nuevo, Grecia es el único país con un dato peor, con un 22,7%.

La OCDE apuesta por abaratar el despido

Para la organización las indemnizaciones por despido en España son "particularmente generosas". Para paliar el abaratamiento del despido, el ente recomienda llevar a cabo una reforma laboral que aumente el periodo de preaviso.

En las dos páginas que dedica a España, el informe sostiene una fuerte defensa a la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy. "España perdió mucho tiempo para llevar a cabo las reformas necesarias y ahora va en el buen camino", ha señalado en rueda de prensa el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría.

En referencia a la mala calidad de los contratos, Gurría ha reconocido que "puede que no sean empleos de la mejor calidad pero es mejor un empleo precario que ninguno".

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Mensajepor Lastra » Jue 05 Jul, 2018 8:38 pm

https://www.eldiario.es/galicia/politic ... 71899.html
Una empresa de la trama de radares
esperaba ingresar 6,3 millones con un
contrato del senador de confianza de Feijóo en Ourense


Juan Manuel Jiménez Morán adjudicó cuando era alcalde de Verín (Ourense) la gestión de multas de varios radares que luego paró su sucesor socialista, al que ahora la firma demanda 850.000 euros por gastos y lucro cesante

La empresa esperaba gestionar en cuatro años multas por 18 millones de euros, de los que se quedaría el 35%, lo que supondría una media de 12.000 euros de sanciones al día en un municipio de 14.000 habitantes

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El Ayuntamiento de Verín (Ourense) adjudicó en noviembre de 2014, cuando a su frente estaba el también senador popular Juan Manuel Jiménez Morán, hombre de confianza de Feijóo en Ourense, un contrato para la gestión de varios radares a la Unión Temporal de Empresas Bilbomática / Veicar Verín, la primera de ellas matriz entonces de Aplicaciones Gespol, investigada en la operación Enredadera contra una presunta trama de amaño de contratos de gestión de multas, radares y semáforos en toda España. La segunda firma, Veicar, es la concesionaria de varios parques de bomberos privatizados en toda Galicia, entre ellos el de Verín. El contrato de los radares fue paralizado por el sucesor de Jiménez Morán, el socialista Gerardo Seoane, que el pasado marzo, como avanzó La Región, recibió una demanda en la que la UTE reclama al Ayuntamiento 850.000 euros por gastos y lucro cesante.

La demanda, a la que ha tenido acceso este diario, señala que la empresa esperaba gestionar en cuatro años multas por 18 millones de euros (de los que ella ingresaría 6,3 millones), lo que supondría un promedio de 12.000 euros de sanciones cada día en un municipio de sólo 14.000 habitantes. Ahora el Ayuntamiento contraataca y anuncia que se personará como acusación particular en el caso Enredadera.



El contrato para la colocación de dos radares en cuatro posibles emplazamientos en travesías de acceso a Verín y la gestión de sus multas fue gestionado durante el último mandato de Jiménez Morán, alcalde de Verín de 1995 a 2004 y de 2011 a 2015, y senador por designación autonómica desde 2011. El popular fue también el hombre de confianza al que Feijóo encomendó, sin éxito, intentar arrebatar en 2010 el control del PP de Ourense a los Baltar. Y en 2012 otorgó una licencia ilegal a una compañera de partido, entonces directora general de Turismo de la Xunta, Carmen Pardo, para edificar un chalé en suelo rústico.

Tras la adjudicación del contrato en noviembre de 2014, un recurso de la otra empresa que había competido por el concurso público demoró la ejecución del mismo. Después de las elecciones municipales de 2015, el gobierno local fue asumido por PSdeG y BNG, con el socialista Gerardo Seoane al frente, que consideró que el contrato era perjudicial para las arcas municipales y decidió bloquear su ejecución. Tras varias negociaciones infructuosas con la adjudicataria, esta presentó el pasado marzo una demanda contra el Ayuntamiento en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Ourense en la que expone sus reclamaciones económicas y las expectativas de negocio que tenía con el contrato.

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Fragmento de la demanda de la adjudicataria de los radares contra el Ayuntamiento de Verín por bloquearle el contrato

Según la demanda de la empresa, que se ampara en un informe pericial, “la cantidad a percibir por las sanciones tramitadas y efectivamente cobradas por el Ayuntamiento ascendería a 18.034.042 euros en los cuatro años objeto del contrato, de lo que resultaría el 35,01% que constituiría el pago a la adjudicataria una cantidad de 6.313.844,14 euros”. En esa cifra se basa la empresa para reclamar un 10%, 631.000 euros, como “beneficio dejado de obtener”, así como otros 225.000 euros por “costes ya asumidos”, lo que suma una petición de indemnización al Ayuntamiento de unos 850.000 euros. Por otra parte, esos 18 millones en multas gestionadas durante 4 años supondrían la imposición de un promedio de 12.000 euros en multas cada día durante ese período en un municipio de 14.000 habitantes. Como comparación, los presupuestos municipales totales del Ayuntamiento de Verín vienen rondando en los últimos años los 10 millones de euros.

El actual regidor, el socialista Gerardo Seoane, considera que esas cifras son reveladoras del “negocio” contrario a los intereses económicos del Ayuntamiento y de la ciudadanía de Verín que pretendía crear su antecesor, el popular Jiménez Morán. Y, a manera de contraataque contra la demanda formulada por la adjudicataria contra el Ayuntamiento, este miércoles el Ayuntamiento anunció que se personará como acusación particular en el caso Enredadera y que “ponen a disposición de la Fiscalía toda la documentación relativa al contrato adjudicado por este Ayuntamiento a la empresa Bilbomática para la colocación de radares en el término municipal, investigada a nivel nacional en la llamada Operación Enredadera”.


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Mensajepor Lastra » Vie 06 Jul, 2018 1:49 pm

https://www.eldiario.es/politica/Casado ... 71344.html
Casado propone un frente común a los
candidatos perdedores para ganar a
Santamaría: "Sumamos el 63% de votos"


El vicesecretario ya ha ofrecido a Cospedal integrarse en su candidatura: "Comparto con ella valores, principios y una idea de partido"

Si todos los compromisarios que no apoyan a la exvicepresidenta votaran por él en el congreso, se podría convertir en el nuevo presidente del PP.

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Casado quedó segundo en la votación de los afiliados del PP.

más INFO

Sáenz de Santamaría gana por la mínima a Casado, que puede ser presidente del PP si le apoya Cospedal
ETIQUETAS: Congreso PP 2018, Primarias, PP, Pablo Casado

Pablo Casado, que ayer quedó segundo en la primera vuelta de las primarias del PP y que pasará a la segunda fase con la ganadora, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ya ha puesto en marcha su plan para lograr la presidencia en el congreso de los próximos días 20 y 21. El vicesecretario popular ha anunciado este viernes que ha ofrecido a los cuatro aspirantes que ayer no lograron pasar a la segunda fase un frente común contra Sáenz de Santamaría, al considerar que suman "el 63%" de los afiliados inscritos. "Hay cuatro candidaturas que representamos al 63% de los afiliados".

"He hablado con los cuatro candidatos que no han pasado el corte y les he dicho que quiero que mi proyecto sea su proyecto", ha señalado. Especial mención ha tenido en sus palabras la gran perdedora de la noche, la secretaria general María Dolores de Cospedal, a la que ha considerado como "una compañera" y "una amiga". Casado ha reconocido que ya ha ofrecido a la exministra integrarse en su candidatura y, en su cortejo, ha puesto en valor lo que les une: " Comparto con ella valores, principios y una idea de partido. Comparto una idea de lo que necesita España", ha dicho en un receso de la Cumbre sobre Economía Circular e Innovación que se está celebrando en Madrid y en la que ha participado el expresidente estadounidense Barack Obama.

Las declaraciones de Casado están encaminadas a conseguir que Cospedal influya en los compromisarios del congreso afines a ella para que le respalden y no voten a Sáenz de Santamaría. Si todos aquellos representantes que no apoyan a la exvicepresidenta votaran por él, se podría convertir en el nuevo presidente del PP.

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Mensajepor Invitado » Vie 06 Jul, 2018 3:07 pm

lo del pp es pa ponerse a mear y no echar ni gota.
que chapuza ... vamosss un chijete. el ganador de las elecciones a presidente del PP, lo ganó la porky, pero no vale (luego de denostar a sánchez por hacer un pacto de perdedores) ahora una segunda vuelta ..... pero alucinante ajajajajajaja con otro censo .... unos pocos de miles compromisarios (los que cortan el bacalao) elegirán al presidente.
el partido con mas de 800 000 militantes, un puñado elige al presidente ..... y se quedan tan anchos
TTTOOOONNNNGGGGOOOOO y ni se enteran.
y hablan de democracia ..... para una segunda vuelta tiene que haber el mismo censo .... lo demás es tongo.

pena de país

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Mensajepor Lastra » Vie 06 Jul, 2018 5:30 pm

Resulta curioso que Aznar el de la burbuja inmobiliaria, que mando 8 años con el PP, diga que hay que refundar el PP y el centro derecha. Que lo diga uno que no ha estado al mando de un gobierno es muy normal, pero que lo diga uno que ha sido durante 8 años presidente del gobierno, es llamarse a si mismo TONTO. Lo grave del caso, es que aun no se a enterado, de que con la burbuja inmobiliaria que el tanto aplaudía, el país a quedado para el arrastre, y para nunca más poder recuperarlo.
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http://cadenaser.com/ser/2018/07/06/pol ... 39901.html

Aznar, a Santamaría y Casado: "Que sean
conscientes que hay que refundar el PP"

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06/07/2018 - 13:02 h. CEST

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha pedido hoy a Soraya Sáenz de Santamaría y a Pablo Casado, los dos candidatos que han pasado "el corte" en el proceso de primarias del PP, que sean plenamente conscientes de que España necesita, más que nunca, refundar el centro-derecha y el PP.

Pablo Casado rechaza un pacto de unidad: "Hay que jugar la segunda parte"
• La victoria de Sáenz de Santamaría le allana el camino
• Soraya Sáenz de Santamaría gana por la mínima la primera vuelta de las primarias
Aznar, que ha hecho estas declaraciones tras clausurar el curso de la Fundación FAES en San Lorenzo de El Escorial, en Madrid, ha subrayado que es "absolutamente indispensable" la refundación del centro-derecha en España y, por consiguiente, la refundación de un PP "integrado, fuerte y con capacidad de desafiar riesgos".

El expresidente, que ha querido mantenerse al margen del proceso de primarias y no ha votado por ninguno de los candidatos, ha precisado que ese PP "fuerte" deberá desafiar los riesgos que el país tiene por delante y deberá ser capaz de enfrentarse a la "mayor amenaza" que tiene España: "el separatismo y un Gobierno cómplice de ese separatismo".

"Grave y delicada" situación de España
Aznar ha insistido en que la situación de España es lo "suficientemente grave y delicada" por lo que los candidatos que van a competir en el congreso deben de ser "conscientes".

Tras felicitar a todos los que han participado en el proceso electoral del PP, Especialmente a Sáenz de Santamaría y Casado, ha reiterado que su intención es mantenerse al margen del proceso del PP para elegir líder y ha comentado que solo quería dejar claro "lo que necesita España y el Partido Popular"

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Mensajepor Lastra » Sab 07 Jul, 2018 12:24 pm

https://www.eldiario.es/politica/Junta- ... 71936.html
La Junta de Castilla y León ideó un plan
para cobrar un 1,5% a los promotores
eólicos a través de una fundación


El director del departamento de energías renovables del Ente Regional de Energía (EREN) declaró ante el juez que se iba a crear la institución para recibir donaciones o pagos en especie

Los hermanos Fuster, conocidos por su amistad con el Rey, manifestaron que era "vergonzoso" el trato del Eren, que les presionó para que se asociasen con promotores de la Comunidad

Sus parques estuvieron paralizados tres años y se vieron obligados a vender por 5,6 millones de euros a Iberdrola

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La Junta de Castilla y León pretendía llevarse un 1,5% del valor de cada parque eólico autorizado. Para ello barajó, como "una actividad extra", crear una fundación que recibiese las donaciones. Quien relató estos planes fue el director del departamento de energías renovables del Ente Regional de Energía, dependiente de la Junta, Rafael Ayuste Cupido. En su declaración ante el juez que instruye el caso de la Trama Eólica, y ante el fiscal Anticorrupción, Tomás Herranz, Ayuste recordó que finalmente se descartaron los cobros a través de una fundación y se dejó en manos de Iberdrola la canalización de las participaciones de distintos promotores y de su transmisión.

Según el abogado de Ecologistas en Acción, Emilio Martínez, esto cuadra con un supuesto reparto del mercado eólico a través de un pacto entre eléctricas. Eran estas últimas las que, tras la renuncia de pequeños promotores foráneos, se hacían con las sociedades y se aliaban con los locales. El criterio del socio local se adoptó, según Ayuste, en 2005, pero él no tuvo ninguna participación, ya que el director del Eren, Ricardo González Mantero y el funcionario Tomás Ciria, tomaron las riendas y le apartaron. La instrucción, dijo "venía de arriba". El abogado de los ecologistas le preguntó directamente si conocía pagos, o donaciones de empresarios a fundaciones de la Junta, y Ayuste comentó que sí, pero que estos a veces eran "en especie", pagando o realizando obras concretas. Según Martínez, con esta declaración, se está llamando "a la puerta de la financiación" con "una tasa, un impuesto o un chantaje".



Por segunda vez declararon los hermanos Álvaro y Ricardo Fuster, conocidos por su amistad con el Rey de España. Los empresarios, dueños de Canon Power fueron expulsados del negocio eólico en Castilla y León porque sus parques, teniendo todos los permisos, carecían de la autorización pertinente, de la última firma. Esta no se produjo porque se negaron a asociarse con empresarios locales que, según ellos, "eran completos ignorantes del sector" y no sabían "ni el precio del kilovatio por hora". Finalmente, vendieron esos seis parques atascados a Iberdrola y cobraron 5,6 millones de euros.

Los Fuster aseguraron que el trato de la Junta, a través del Eren, había sido "vergonzoso" por las presiones que sufrieron por parte de González Mantero y Ciria. El paso siguiente sería esperar a que el fiscal imputase a ambos, y de no suceder, Ecologistas en Acción se plantea solicitarlo. "Eran algo más que funcionarios obedientes”, dijo Martínez, que además recordó que González Mantero, en su declaración judicial de hace un año admitió que la planificación y existencia de empresas locales en las autorizaciones de parques eólicos en la Comunidad era una decisión "política" que partía del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva.

Declararon además, el exconsejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, y el actual director general de Generación de la compañía eléctrica, Manuel Morán. Miranda, que al finalizar su comparecencia ante el tribunal declaró desconocer por qué estaba en el juzgado, es el autor de una carta al entonces consejero de Economía. En la misiva, remitida por fax el 10 de marzo de 2005 con el encabezamiento "estimado consejero y amigo", recordaba que Endesa trataba de entrar en parques eólicos que estaban promoviendo otras empresas, pero no por iniciativa propia, sino porque así se lo indicaba la Junta de Castilla y León.

"Como continuación de la conversación mantenida la pasada semana y ante el interés que nos han manifestado desde diferentes instancias de tu departamento en que los parques eólicos pendientes de autorización administrativa sean desarrollados mayoritariamente por alguno de los grandes grupos promotores eólicos de la Comunidad [...]". El directivo explicaba que Endesa pretendía "alcanzar acuerdos para participar mayoritariamente" en las promociones eólicas que llevaban a cabo las empresas Ider, Cannon Power, Ibervento, Dersa-Boreäs, Preneal y Ecotecnia y añadía: "así como de cualquier otra empresa que desde la Junta de Castilla y León estimarais de interés". Sin embargo, en su declaración aseguró haber firmado la carta sin conocer su contenido, porque ni siquiera recordaba el nombre de las empresas mencionadas.

Quien tenía que haber declarado y no lo hizo fue el expresidente de Campofrío, Pedro Ballvé, autor también de una carta para Villanueva en la que le recordaba que había que acelerar sus parques, y que iba a hacer donaciones y a participar en proyectos de la Junta. Su letrado excusó su presencia aduciendo que su cliente había comprado un billete de avión antes de ser citado.

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Mensajepor Lastra » Dom 08 Jul, 2018 3:06 pm

http://diario16.com/pp-pudo-inflar-cens ... ar-dinero/
El PP pudo inflar el censo de afiliados para blanquear dinero


Tras unas primarias plagadas de sombras, surge ahora la posibilidad que todo se tratase de una trama más de corrupción dentro del Partido Popular

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El Partido Popular lleva uno de los años más turbulentos de su historia: a las acusaciones y juicios de corrupción, se sumó una moción de censura, y ahora unas primarias que podrían haber sido una excusa para blanquear dinero. Así lo aseguran en el medio InfoLibre, donde entienden que una de las acusaciones personificadas en el caso de los papeles de Bárcenas ha pedido al juez instructor que investigue esta posibilidad.

Se entiende pues que inflar el censo podría haber sido una estratagema para poder limpiar parte del dinero de la famosa ‘Caja B’ del Partido Popular. Un censo en el que se incluye a ex militantes y que el propio Pablo Casado aseguraba a Diario16 que se comprometía a depurar si llegaba a la presidencia del partido.

Observatori Desc es la acusación que ha llevado a la Audiencia los datos que confirman cómo las “aportaciones de cargos públicos” se desplomaron tras la apertura de diligencias judiciales sobre la ‘Caja B’. La asociación reclama incorporar a la causa toda la información contable del PP entre 2009 y 2016 que obre en poder del Tribunal de Cuentas y que la actual tesorera y Bárcenas declaren como investigados.

A pesar de haber salido vencedora de las primarias del partido, Soraya Saénz de Santamaría no las tiene todas consigo. Según ha podido saber Diario16, habrá una segunda vuelta, con guiños entre candidatos pero sin ninguno dispuesto a realizar una oferta en firme a los demás. Pablo Casado cree que lo más justo es respetar las normas que impusieron para estas primarias y dar la voz a los militantes en la segunda vuelta.




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