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Mensajepor Lastra » Lun 11 Jun, 2018 10:07 pm

http://cadenaser.com/ser/2018/06/11/tri ... 92743.html
La sentencia del caso Gürtel salpica a la líder
del PP valenciano, Isabel Bonig


Considera acreditado que se pagó en negro uno de los actos de Bonig como candidata a la alcaldía de La Vall d’Uixó en 2007

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11/06/2018 - 21:14 h. CEST

La actual presidenta del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, ha manifestado que la sentencia del caso Gürtel demuestra que en el PP “quien la hace la paga” y sostiene que todo lo concerniente a las relaciones corruptas entre la formación conservadora en Valencia y el entramado, pertenece al pasado.


Más información
• La Audiencia Nacional condena a Ricardo Costa, Correa y 'El Bigotes' en una sentencia demoledora que acredita la financiación ilegal del PP valenciano
• La sentencia concluye que "no están todos los que son" en referencia a Camps

Pero la sentencia del juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional también afecta a la carrera política de Bonig, porque considera probado que uno de los actos electorales con los que obtuvo la alcaldía del municipio de La Vall d’Uixó en los comicios municipales de 2007, fue abonado con dinero negro.

Actos prestados al PP por Orange Marke con motivo de las elecciones municipales de 2007

Actos prestados al PP por Orange Marke con motivo de las elecciones municipales de 2007 / Cadena SER

La sentencia entra en el detalle en las páginas 32 y 33, cuando describe los actos que sin género de dudas, fueron financiados de forma ilegal a través de empresarios que a cambio obtenían obra pública. En un cuadro de la sentencia, el juez relata los actos prestados al Partido Popular por Orange Market, la marca valenciana de la Gürtel, con motivo de las elecciones municipales de 2007, que “no fueron objeto de facturación, contabilización y declaración tributaria”. Y entre ellos cita un “Acto Vall de Uxó” celebrado el 24 de mayo de 2007, pagado con 1.312,50 euros en negro. Poco después, en junio de aquel año, Isabel Bonig logró la alcaldía al ganar aquellas elecciones.

En 2011 fue llamada por su padrino político, el entonces presidente valenciano, Francisco Camps, para que ocupase la Consejería de Infraestructuras. Desde el Ejecutivo autonómico fue escalando posiciones hasta convertirse en la líder actual del PP en Valencia y presidenta de este partido en la región.

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Mensajepor Lastra » Lun 11 Jun, 2018 10:10 pm

Lastra escribió:https://www.eldiario.es/cv/Audiencia-Nacional-PP-Camps-Gurtel_0_781121959.html
La Audiencia Nacional sentencia que el PP de Camps también se financió con dinero negro de la Gürtel

El juez condena a cárcel a Ricardo Costa a 4 años y absuelve a Vicente Rambla, exvicepresidente de la Generalitat

Álvaro Pérez "El Bigotes" deberá cumplir 6 años y nueve meses en prisión y Francisco Correa 5 años y tres meses después de haber colaborado con la justicia

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El titular del juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia, ha considerado acreditada la financiación ilegal del PP de Francisco Camps en las elecciones autonómicas, municipales y generales de 2007 y 2008. El magistrado condena a cuatro años de prisión al exsecretario general de los populares valencianos Ricardo Costa y absuelve al exvicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla. El exvicesecretario del PP y exdiputado David Serra irá a la cárcel 3 años y 8 meses.

Esta es la segunda condena de la justicia sobre el Partido Popular que se suma a la conocida como "Época 1" y que ha provocado la moción de censura que ha acabado con la carrera política de Mariano Rajoy y ha aupado a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

De la trama Gürtel, la que ayudó a conseguir el dinero negro para el partido político, han sido condenados Álvaro Pérez "El Bigotes" a 6 años y 9 meses y Francisco Correa a 5 años y tres meses después de haber colaborado en el esclarecimiento de los hechos. Pablo Crespo ha sido sentenciado a 5 años de cárcel. También dentro del denominado Grupo Correa, a Cándido Herrero se le impone la pena de 5 años y 1 mes de cárcel y 3 años al asesor financiero Ramón Blanco Balín.

Los nueve empresarios que reconocieron los hechos antes del juicio y que forzaron al resto de acusados a asumir parte de los delitos eludirán la cárcel tras haber pagado una multa. La ex gerente del PP Cristina Ibañez ha resultado condenada a 3 años y 4 meses; y la extesorera Yolanda García, a 4 meses.

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Mariano Rajoy, con Álvaro Pérez 'El Bigotes' a su espalda, en el acto de la plaza de toros de Valencia en 2008 EFE

Los hechos probados sobre la financiación ilegal

Según los hechos probados reflejados en la sentencia, el magistado José María Vázquez Honrrubia explica el modus operandi de la trama en un párrafo: "El Grupo Político, actuando en nombre y para el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y con el objetivo de conseguir financiación por encima del límite legal establecido, contrató con la sociedad del Grupo Correa Orange Market SL para que ésta realizara actos y servicios de campaña de todo tipo, pero en vez de pagar el PPCV a la sociedad contratada, es decir Orange Market, procuró que estos gastos electorales fueran satisfechos por una serie de empresarios que, además, eran adjudicatarios de obras, servicios o suministros concedidos por la Administración regional y/o local". La sentencia añade que, "para cubrir esta anomalía, básicamente se elaboran una serie de facturas mendaces que cubrirían unos supuestos servicios de Orange Market a estos empresarios".

Así y tras explicar la arquitectura de la red, concluye: "El pago de los servicios que Orange Market prestó al PPCV se abonaron a Orange Market de tres formas: facturas correctas, pagos en “B” y creando facturas falsas pagadas por empresarios por supuestos trabajos no realizados a sus empresas".

En definitiva, sentencia, "con la aquiescencia y voluntad del Grupo Correa y el Grupo Político, se interpone Orange Market, a modo de empresa pantalla para ocultar que las campañas electorales eran pagadas, sino en todo, si en gran parte por el Grupo Empresarios violentando e infringiendo así, tanto cuantitativamente como cualitativamente la legislación en la materia".



Mafia, mafia, todos, todos están implicados, mafia

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Mensajepor Lastra » Mar 12 Jun, 2018 8:29 am

Lastra escribió:http://cadenaser.com/ser/2018/06/11/tribunales/1528717371_720555.html
20 años de pillaje institucional: Aznar consintió la red corrupta, Rajoy la mantuvo


Dos sentencias de la Audiencia Nacional concluyen que el PP, durante 20 años, se financió con prácticas corruptas

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11/06/2018 - 14:11 h. CEST

Cuando a comienzos de los noventa el PP atacó sin piedad al PSOE a cuenta del caso Filesa —la financiación ilegal de los socialistas con sociedades de su propiedad que facturaban a empresas privadas por trabajos inexistentes— el partido que heredó José María Aznar tenía sus propias filesas. En 1992, según los datos que obran en el sumario del caso Bárcenas, el PP liquidó las sociedades Ediciones Cono Sur y Video Soluciones. Ese trámite se hizo con dinero negro para no dejar pistas de que las empresas pertenecían al PP: sus administradores eran cargos o militantes de la formación conservadora. Estas sociedades recaudaban dinero para el partido mediante la emisión de facturas por servicios no realizados, igual que Filesa.

Aznar ordenó liquidar esas empresas opacas con las que el PP se financiaba ilegalmente pero no logró acabar con esas prácticas, según se supo mucho después. Y esto es así porque Aznar mantuvo una caja B paralela donde el PP ya no necesitaba emitir facturas a través de sus propias empresas por trabajos nunca realizados, simplemente recibía el dinero por la puerta de atrás.



Más información
• La Audiencia Nacional condena a Ricardo Costa, Correa y 'El Bigotes' en una sentencia demoledora que acredita la financiación ilegal del PP valenciano
• La Audiencia Nacional también considera probada la financiación ilegal del PP de Camps
• Cinco periodistas eligen 'su' momento clave en la carrera política de Mariano Rajoy
• Las 10 mentiras de Cospedal en el Congreso
• Cospedal cuestiona el criterio de los jueces que condenaron al PP por la caja b
• Cuál será el cumplimiento efectivo de las penas cárcel de los condenados por la trama Gürtel
• Prisión incondicional para Luis Bárcenas, Guillermo Ortega y Alberto López Viejo
• El hombre que destapó el Caso Gürtel valora la sentencia: "Todo lo que dije en la denuncia se ha corroborado"
• El testigo Rajoy no fue "verosímil" al negar la caja B del PP
• Probada por primera vez la caja B del PP en una sentencia

Esa caja B la gestionaba Rosendo Naseiro, un tesorero bajo sospecha que dejó su cargo el 18 de abril de 1990. Antes de abandonar su puesto de coordinador nacional de las finanzas del PP entregó a Luis Bárcenas, entonces gerente del partido, una caja B que funcionaba a oscuras y con un saldo de 8 millones de pesetas (apenas 48.000 euros).

Esa caja B se alimentaba con donaciones opacas de constructoras y contratistas de la administraciones públicas. Ya no era necesario elaborar facturas falsas para justificar cobros por trabajos fantasma. Los empresarios colaboraban con aportaciones que, o bien entraban en el circuito opaco de la financiación del PP, o bien se troceaban para ingresarlas en el banco, siempre en cantidades inferiores a los 60.000 euros, para hacerlas pasar por donaciones anónimas salvando el escollo ilegal que prohibía aportaciones de contratistas de la administración pública.

Aznar heredó ese sistema y durante su mandato al frente del PP (hasta 2004) funcionó como una maquinaría muy rentable. Rajoy lo mantuvo hasta 2009, cuando la investigación judicial abierta por el caso Gürtel sacó de la escena política a su tesorero Luis Bárcenas. La caja B recaudó durante los mandatos de Aznar y Rajoy más de ocho millones de euros. La investigación judicial abierta ha logrado acreditar que el PP pagó durante casi 20 años múltiples servicios con dinero no declarado a Hacienda y que no figura en ninguna de sus contabilidades oficiales auditadas por el Tribunal de Cuentas. Así, Jaume Matas (expresidente balear), Eugenio Nasarre (exdiputado nacional), Cristóbal Páez (exgerente del PP), Jaime Ignacio del Burgo (exdiputado nacional), Calixto Ayesa (exconsejero de Salud de Navarra), Pío García Escudero (presidente del Senado) o la viuda del concejal asesinado por ETA Francisco Cano, han confesado que recibieron fondos del PP para diversos gastos. Además, con la caja B se pagaron obras de reforma en la sede nacional del partido; y se compraron participaciones de un medio de comunicación, Libertad Digital, afín a esa formación durante años. Todos esos pagos, que están acreditados, nunca fueron declarados a Hacienda por la formación conservadora. Los fondos salieron de la caja B que gestionaron los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas entre 1990 y 2009.

Bárcenas también aseguró que una parte importante de esos fondos opacos se utilizaron para abonar sobresueldos trimestrales a los secretarios y vicesecretarios generales del PP: Francisco Álvarez Cascos, Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy, Javier Arenas, Rodrigo Rato, Ángel Acebes o Dolores de Cospedal. Pero estos dirigentes siempre lo negaron ante los jueces que investigaron el caso.

Este sistema ilegal de financiación del PP nacional que dirigieron Aznar y Rajoy se extendió por las organizaciones territoriales de la formación política con diversas variantes.

En el caso de la Comunidad Valenciana, la Audiencia Nacional acaba de sentenciar un caso especialmente grave: durante las elecciones autonómicas de 2007 y generales de 2008, el PP valenciano financió muchos de sus actos con dinero de empresarios que contrataban con la administración autonómica. Las penas de cárcel afectan a 18 de los 20 acusados en este caso. Entre ellos, nueve empresarios; los primeros ajenos a la trama empresarial de Correa, que han sido condenados por financiación ilegal al PP.

El sistema utilizado era triangular. Los empresarios contrataban servicios falsos con la empresa Orange Market, a la que pagaba por ellos. Orange Market, de la factoría de Francisco Correa, cobraba a estos empresarios y con ese dinero organizaba actos electorales para el PP, tanto en las elecciones autonómicas de 2007 como en las generales de 2008. Empresarios, Correa y dirigentes del PP valenciano, entre ellos quién fue secretario general, Ricardo Costa, han reconocido esta operativa ilegal durante la celebración del juicio.

El extesorero Luis Bárcenas contó en la Audiencia Nacional que estos sistemas ilegales de financiación del PP no sólo se produjeron en la organización nacional sino también en distintos territorios, citando entre ellos Madrid, Castilla-La Mancha, Galicia o País Vasco. Una corrupción sistémica durante los mandatos de Aznar y Rajoy al frente del PP.

Mariano Rajoy acabó con la red Gürtel cuando llegó al PP: Correa dejó de trabajar con la estructura nacional del partido pero se instaló en Madrid y en la Comunidad Valenciana con sus negocios ilícitos.

La gestión de la crisis del escándalo que hizo Rajoy profundizó los problemas de la formación conservadora con la regeneración democrática. Apoyó durante años a Luis Bárcenas, al que nombró tesorero nacional en el verano de 2008; le envió mensajes de ánimo cuando ya se conocían sus tropelías de blanqueo de capitales y delitos fiscales con cuentas multimillonarias en Suiza; le mantuvo uno de los sueldos más altos de la organización, con chófer, secretaria y despacho, cuando ya estaba imputado en el caso; obstaculizó la investigación del caso al permitir que su partido destruyera los ordenadores de Bárcenas cuando ya se conocía que eran claves para la instrucción de aquel sumario. El PP se personó como acusación particular y tuvo que ser expulsado por el juez Pablo Ruz al entender que su único objetivo era defender a Bárcenas y poner obstáculos a la investigación judicial.

Dos sentencias de la Audiencia Nacional han concluido que el PP, durante 20 años, se financió ilegalmente durante 20 años con prácticas corruptas.



El pueblo español, que pueblo es, para elegir a esta gente en las elecciones.

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Mensajepor Lastra » Mar 12 Jun, 2018 12:56 pm

http://cadenaser.com/emisora/2018/06/12 ... 74408.html
Sexta condena por corrupción para el
expresidente Matas


El Supremo confirma la pena de 3 años y 8 meses de cárcel del que fuera ministro del Gobierno de Aznar

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2/06/2018 - 12:06 h. CEST

El Supremo ha confirmado la pena de de 3 años y 8 meses de cárcel para el expresidente de Baleares, Jaume Matas, en la sentencia firme dictada por el Tribunal Supremo por el caso Nóos. El que fuera ministro del Gobierno de José María Aznar fue condenado por la Audiencia de Baleares a tres años y ocho meses de cárcel y la Fiscalía pidió elevar la pena a un año más en la vista por los recursos que tuvo lugar en el alto tribunal el pasado mes de marzo.

TRIBUNAL SUPREMO

El Supremo rebaja a 5 años y 10 meses la condena de Urdangarin, que tendrá que ir a prisión.

Con esta nueva condena Matas suma su sexta sentencia por un asunto de corrupción. La primera por una pieza del caso Palma Arena le llevó a cumplir nueve meses en la cárcel de Segovia por tráfico de influencias. Posteriormente fue sentenciado en firme al pago de casi 50.000 euros después de que un jurado popular le declarase culpable de un delito de cohecho tras conseguir que un empresario hotelero contratase a su mujer con un sueldo de 3.000 euros al mes por no hacer nada. El dictamen fue ratificado por el Supremo.

En 2017 llegaron las siguientes dos condenas, a penas de inhabilitación por la contratación de los arquitectos del velódromo Palma Arena y por encargar el diseño de un proyecto de palacio de la Ópera al arquitecto Santiago Calatrava, por el que también fue sentenciado a pagar un millón y medio de euros de responsabilidad civil. Un mes después aceptó una pena de inhabilitación y la devolución de 35.000 euros por otorgar un contrato de patrocinio a la empresa de publicidad de cabecera del partido a nivel regional.

Más información
• Jaume Matas, condenado a tres años y ocho meses de cárcel por prevaricación y fraude
• La infanta, absuelta y Urdangarin, condenado a 6 años y 3 meses de cárcel

El expresidente tiene todavía pendiente un juicio en el que la fiscalía reclama para él cuatro meses y medio de cárcel y 16 años de inhabilitación por la presunta manipulación del concurso público para adjudicar las obras de construcción del hospital de referencia de Son Espases en Palma. En este asunto está siendo procesado por delitos de prevaricación, fraude, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

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Mensajepor Lastra » Mar 12 Jun, 2018 2:37 pm

PP partido podrido
PP partido pícaro
PP partido pirata

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Mensajepor Lastra » Mar 12 Jun, 2018 6:36 pm

https://www.eldiario.es/cv/sentencia-Gu ... 22807.html
Los cabos sueltos de la sentencia de
Gürtel: el papel de Camps y los beneficios
de los empresarios corruptos


El magistrado considera que las confesiones que se han conseguido en el juicio ayudarán a esclarecer las otras dos piezas del caso, entre ellas la del saqueo en la visita del Papa a Valencia

"La declaración de Víctor Campos y de Francisco Camps ha sido totalmente infructuosa para aclarar los hechos enjuiciados, nada saben, nada recuerdan, nada reconocen", ironiza el magistrado Vázquez Honrubia

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La sentencia de la rama valenciana de la trama Gürtel que certifica que el PP valenciano se financió irregularmente en las campañas electorales de 2007 y 2008 deja algunos interrogantes o cabos sueltos que el propio magistrado José María Vázquez Honrubia reconoce: las responsabilidades penales del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y los beneficios que los empresarios corruptos recibieron a cambio de pagar los actos de campaña. En ambas, otros procedimientos judiciales deberían aportar luz.

Eso sí, según el propio titular del juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional, gracias a las confesiones habidas durante la vista oral se podrán esclarecer con mayor facilidad las dos piezas que quedan pendientes, el saqueo de la visita del Papa a Valencia en 2006 y la pieza de los contratos de Orange Market con el Gobierno de Francisco Camps. "No cabe duda de que en este juicio se han producido una serie de confesiones, o declaraciones de autoculpabilidad que por su contenido pueden enlazarse como informaciones valiosas y relevantes. Relevantes porque han permitido desde las primeras sesiones aclarar definitivamente unos hechos cuyo desentrañamiento se venía persiguiendo por distintos jueces y tribunales desde 2008 y valiosos porque solo en la Comunidad Valenciana quedan pendientes de enjuiciar dos piezas más en estos momentos, que obviamente se verán facilitadas por las declaraciones prestadas en este juicio", relata el magistrado.

Sobre los nueve empresarios corruptos que han reconocido los hechos, el juez valora esta actuación porque ha permitido esclarecer los hechos desde el primer día del juicio. Pero recuerda que los pagos de los actos no se hicieron a cambio de nada. Con estas aportaciones "es fácilmente deducible que estos empresarios se colocaban en situación privilegiada, no solo para mantenerse como contratistas de la administración regional sino, evidentemente, para colocarse en situación especialmente ventajosa, por no decir monopolística, en contratos futuros".

Estos beneficios ilícitos, que no se han enjuiciado en esta rama de la Gürtel porque no se investigaron desde un principio y que hubieran llevado emparejados una ristra de nuevos delitos, considera el juez, "se examinarán o habrán de examinarse en las diversas piezas derivadas del tronco originario".

Respecto a Francisco Camps y a su vicepresidente Víctor Campos, ambos señalados como cabecillas de la red en el juicio, pero que declararon como testigos, el magistrado ironiza sobre su conocimiento de la red corrupta. "La declaración de Víctor Campos y de Francisco Camps ha sido totalmente infructuosa para aclarar los hechos enjuiciados, nada saben, nada recuerdan, nada reconocen", relata en la sentencia.

Vázquez Honrubia concluye, pues, que Francisco Camps tenía derecho a no declarar contra sí mismo pero recuerda que al expresidente de la Generalitat Valenciana le quedan otras tres piezas abiertas "de esta trama". Se trata de la investigación del agujero en la fundación creada para la visita del Papa y de las dos causas abiertas por la celebración de la Fórmula 1 en Valencia, la negociación con el magnate Bernie Ecclestone y la asunción de obligaciones económicas millonarias y la construcción del circuito urbano de Valencia. En esta última pieza, la Fiscalía Anticorrupción sospecha que podría haber financiación ilegal.

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Mensajepor Lastra » Mar 12 Jun, 2018 8:58 pm

http://cadenaser.com/ser/2018/06/12/tri ... 09459.html
Un préstamo impagable; una empresa
tapadera y un fraude alimentado por
gobiernos del Partido Popular


Las razones del fraude que han llevado a Iñaki Urdangarín a la cárcel

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2/06/2018 - 17:00 h. CEST

La historia de Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón se empezó a torcer el día que decidieron cambiar su residencia, valorada en 400.000 euros, y comprarse un palacete de 5,8 millones. El matrimonio pidió en 2004 un préstamo de cinco millones a pagar en 30 años para adquirir un inmueble de 1.000 metros cuadrados, tres plantas, siete habitaciones y diez baños.

El préstamo obligaba a la pareja a pagar 208.000 euros netos al año, a razón de 52.000 euros cada trimestre. Cuando se hipotecaron, Urdangarin y su esposa ingresaban entre ambos 186.000 euros anuales brutos, según sus declaraciones de IRPF. A partir de ese momento, en el futuro de los Urdangarin/Borbón sólo había números rojos.

Para poder asumir esos compromisos financieros, Urdangarin se embarcó en un negocio privado de apariencia benéfica. Fundó junto a Diego Torres una sociedad sin ánimo de lucro llamada Instituto Nóos y ofreció sus servicios a administraciones públicas gobernadas por el PP.



Más información
• El Supremo rebaja a 5 años y 10 meses la condena de Urdangarin, que tendrá que ir a prisión
• El Tribunal Supremo rebaja a 136.950 euros la sanción a la Infanta
• El Urdangarin "real"
• Diez claves sobre 'caso Nóos' que puso a la monarquía bajo sospecha

El negocio con el que Urdangarín intentó hacer frente a la devolución del préstamo era en apariencia sencillo. Un Instituto sin ánimo de lucro que vendía a Gobiernos del PP la organización de eventos para promocionar el turismo relacionado con el deporte. Urdangarín lograba los contactos políticos (el expresidente Jaume Matas en Baleares; el expresidente Francisco Camps en Comunidad Valenciana), conseguía el contrato sin acudir a ningún concurso y cobraba, de media, un millón de euros por acto.

Los gastos de cada evento no superaban nunca los 300.000 euros. El beneficio era del 70% y se lo embolsaba Urdangarín y su socio, Diego Torres, a través de distintas sociedades privadas de su propiedad. En tres años, la sociedad Urdangarín/Torres facturó a la Comunidad Valenciana y a Baleares cerca de seis millones de euros.

Urdangarin incluyó en el consejo de administración del Instituto Nóos a su mujer, la infanta Cristina, y al secretario de esta, Carlos García Revenga. La tarjeta de presentación de su sociedad sin ánimo de lucro no podía ser más institucional.

No fue la única participación de Cristina de Borbón en el entramado fraudulento. Su marido también creó una empresa, llamada Aizoon, cuya propiedad compartía al 50% con la hermana del Rey y a la que derivaba parte de los beneficios que generaba el Instituto Nóos.

El negocio concluyó en 2006 de manera abrupta porque en la Casa Real sonaron algunas alarmas: el marido de la infanta no podía tener negocios relacionados con las administraciones públicas. Urdangarin empezó entonces una nueva etapa como consejero de distintas empresas privadas con las que sumaba ingresos suficientes para seguir pagando el préstamo del palacete. Hasta que una investigación judicial abierta en 2011 por el sobrecoste de un polideportivo destapó los negocios del cuñado del rey en Baleares.

El celo del fiscal Pedro Horrach y la persistencia del juez José Castro acabaron descubriendo una trama empresarial que desviaba fondos públicos a bolsillos privados saltándose todas las normas de contratación. Las pesquisas de Castro y Horrach destaparon otros fraudes. Urdangarín cobraba por sus servicios de consejero en diversas empresas pero facturaba esos trabajos a través de la sociedad Aizoon, que compartía con su mujer. Esa treta le permitió ahorrarse cientos de miles de euros en impuestos pero le acarreó un problema mayor: el delito fiscal.

Con todos esos indicios y antes de que se celebrara el juicio que sentó en el banquillo al matrimonio Urdangarín/Borbón, el Rey despojó a la pareja del Ducado de Palma y les apartó de los actos protocolarios.

La Audiencia Provincial de Palma condenó a Urdangarin a 6 años y tres meses de cárcel y absolvió a su mujer, que tan sólo obtuvo el reproche de partícipe a título lucrativo por aprovecharse de los delitos de su marido. El Supremo rebajó apenas cinco meses la pena a Urdangarin, que deberá ingresar en prisión en las próximas semanas, 14 años después de que firmara un préstamo de 5 millones que no podía pagar por sus ingresos y que abriera un negocio que arruinó su vida.

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Mensajepor ´Lastra » Mar 12 Jun, 2018 9:21 pm

Este país no puede funcionar con tanto sinvergüenza, es imposible que funcione

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Mensajepor Lastre » Mar 12 Jun, 2018 9:26 pm

´Lastra escribió:Este país no puede funcionar con tanto sinvergüenza, es imposible que funcione


Ahi estamos de acuerdo ..... :loker


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Mensajepor Lastra » Mié 13 Jun, 2018 11:12 am

https://www.elconfidencial.com/espana/2 ... a_1577823/
Màxim Huerta defraudó a Hacienda 218.322
euros con una sociedad que montó en 2006


A través de una sociedad limitada, el nuevo ministro de Cultura y Deporte se vio obligado a pagar 366.000 euros por fraude, "no pudiéndose apreciar buena fe en su actuación"

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El pasado jueves, el nuevo titular de la Cartera de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, prometió ante el Rey su flamante cargo. Ese mismo día, en la sede del ministerio que dirige, libreta elegante de Gallimard en mano —titulada ‘Feuilles de route’ (hoja de ruta)—, decía en su discurso: “Es un orgullo que la cultura vuelva a estar en el mapa del Gobierno”.

Hoy, El Confidencial desvela que en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, Màxim Huerta defraudó al fisco cuando trabajaba como presentador en 'El programa de Ana Rosa’ de Telecinco, un espacio televisivo dirigido por la periodista Ana Rosa Quintana. Así lo establecen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitidas en mayo de 2017, a las que ha tenido acceso este diario y cuyo análisis ha sido consultado con varios expertos en legislación fiscal.

[Hacienda sancionó a Huerta por usar gastos de su casa de la playa para eludir impuestos]

La inspección de Hacienda concluyó en 2012 que en esos tres años fiscales habría facturado un total de 798.521 euros por medio de Almaximo Profesionales de la Imagen SL, sociedad de la que era único accionista y administrador desde enero de 2006 y que se liquidó a finales de 2016. Facturó 207.920 euros en 2006, 287.095 en 2007 y 303.506 en 2008.

La inspección descubrió que el ahora ministro y entonces presentador se había deducido como gastos por actividad artística injustificada hasta un total de 148.702 euros, lo que le acarreó el pago de una liquidación total de 365.938 euros por los tres ejercicios, incluidos un recargo del 50% de multa y los intereses de demora. El fraude original fue de 218.322 euros. Si tomamos como promedio la subida del IPC de abril de 2007 hasta abril pasado, la cifra actualizada del fraude equivaldría a 253.253 euros.

Además, el ministro nacido en Utiel (Valencia) hace 47 años fue condenado a pagar las costas de los dos juicios habidos en el TSJM, un total de 4.840 euros, IVA incluido.

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Mensajepor Lastra » Mié 13 Jun, 2018 12:25 pm

https://www.20minutos.es/noticia/336675 ... io-fiscal/
Màxim Huerta descarta dimitir: "No
defraudé, cambió el criterio fiscal"


13.06.2018 - 10:45h
"Pagué lo correspondiente. No hubo mala fe y no oculté nada", ha dicho el ministro.
Màxim Huerta fue condenado en 2017 por fraude fiscal a pagar 243.000 euros.

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Maxim Huerta. EUROPA PRESS El ministro de Cultura, Màxim Huerta, no ha tardado en salir al paso de las acusaciones por fraude fiscal que le involucran. "Estoy al corriente con Hacienda desde hace diez años. Cambió el criterio fiscal, hubo una regularización, pagué lo correspondiente y asunto cerrado. No hubo mala fe y no oculté nada. Acepté mi responsabilidad como ciudadano", ha asegurado. Y sentenció que no tiene pensado dimitir. En unas declaraciones a Onda Cero, Huerta ha explicado que sí ha hablado con Sánchez, pero que de momento no se contempla su dimisión. "Me ha dicho que nuestro objetivo es seguir trabajando y ser transparentes", dijo.

"Cuando uno está seguro de que está al corriente, lo puse al día, como los relojes que los pones en hora, simplemente informar y que estén tranquilos. No tiene mayor recorrido", ha comentado el ministro. Huerta ha ido más allá: "Durante años he estado al frente de informativos y siempre he pedido rapidez y transparencia y así he actuado". Además, asegura que se ha quejado como "ciudadano" pidiendo "transparencia" a los políticos. "Ahora cómo no voy a serlo yo".

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Mensajepor Invitado » Mié 13 Jun, 2018 4:00 pm

El doble rasero de la izquierdona


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Mensajepor Invitado » Mié 13 Jun, 2018 6:23 pm

:shock: :shock: :shock: joder que pronto empezamos ajajajajajajajajaajaj .... tengo que informarme mejor .... me acuerdo de monedero y tenía razón .... había pagado tarde, pero en tiempo de ley
ahora no lo tengo claro y creo que este menistro andaba en litigio por unos cambios o regulaciones de las leyes y hasta que no lo declararon culpable pasaba de pagar .... salió culpable ... lo multaron y pagó.
un marrón para los socialistas ... peroooo donde las dan las toman ... ley de vida.

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Mensajepor Lastra » Mié 13 Jun, 2018 7:01 pm

El ministro Huerta dimite





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