● Uruguay vota convertirse en el primer país que regula su producción y venta
● El cannabis se distribuiría a través de farmacias a usuarios mayores de edad
J. I. IRIGARAY / SALUD HDEZ-MORA
El presidente de Uruguay, el centroizquierdista José Mujica, tiene un sueño: despenalizar totalmente la marihuana y venderla en farmacias a través de una entidad estatal que regule su producción, distribución y venta. Anoche, el Congreso de los Diputados debatía en Montevideo si convertir en ley ese sueño, que acabaría con los beneficios de los narcotraficantes. La normativa dejaría al Gobierno como único operador legal del mercado de cannabis, que asumiría «el control y regulación de la importación, exportación, plantación, cultivo, cosecha, producción, adquisición, almacenamiento, comercialización y distribución».
La aprobación de la ley depende, sin embargo, de que el oficialismo coseche 50 de los 99 votos posibles. Tenía aseguradas 49 manos alzadas, pero uno de sus legisladores, Darío Pérez, se mantenía al cierre de esta edición aún en duda.
Sebastián Sabini, diputado oficialista, aseguró al comienzo de la sesión que el proyecto «busca resolver el problema del acceso y mecanismos seguros para los usuarios». Y aclaró que Uruguay «no va a vender libremente cannabis», sino que va a «establecer limitaciones a su compra ». En cambio, Gerardo Amarilla, del Partido Nacional, que votará en contra junto a toda la oposición, se preguntó: «¿Tenemos el derecho a ensayar estas respuestas cuando lo que está en juego son vidas humanas? Creo que no». El proyecto regula el cannabis para uso médico, recreativo e industrial y si se aprueba, deberá ser sancionado por el Senado.
Mujica argumenta que el combate al narco «ha fracasado a nivel mundial » y es necesario «intentar otra cosa ». La presión de ONGs como Proderechos consiguió imponer el autocultivo. Se autorizarían hasta seis plantas hembras, que contienen el principio psicoactivo, por ciudadano. Y la cosecha per cápita no debe superar los 480 gramos al año.
También se prevén clubes de membresía que tendrán entre 15 y 45 miembros, con hasta 99 plantas sembradas. Todo el proceso estará bajo control del Instituto de Regulación de Control del Cannabis (Ircca), que otorgará licencias a productores y vendedores. En las farmacias se venderá la hierba, nacida en cosechas privadas individuales o colectivas, a todo residente en el país, mayor de 18 años que podrá comprar hasta 40 gramos. El proyecto incluye un capítulo de prevención educativa y prohíbe cualquier publicidad de la marihuana, mientras que el Gobierno estará obligado a realizar «campañas educativas, publicitarias y de difusión y concienciación» sobre los riesgos potenciales del consumo. Los conductores que sean pillados in fraganti con porros serán sancionados.
Uruguay no es el único país donde la legalización se ha visto como una salida viable para acabar con el crimen organizado. Desde 2009, tres ex presidentes latinoamericanos, César Gaviria, Henrique Cardoso y Ernesto Cedillo han defendido esta vía, con el argumento de que los miles de muertos y las ingentes sumas que ha costado combatir el narco no han logrado los resultados buscados.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha repetido en foros internacionales la necesidad de buscar alternativas a la lucha frontal. En una entrevista llegó a sugerir legalizar incluso la cocaína en todo el mundo y en enero propuso despenalizar las drogas sintéticas, refiriéndose al éxtasis, aunque aún no lo ha puesto en práctica. Otras voces destacadas, como el ex general de la policía Oscar Naranjo, han hablado de «regularizar» el consumo de marihuana, puesto que en Colombia no se entiende el sacrificio de vidas para luchar contra un sustancia permitida en varios estados de EEUU.
Pero también hay críticos como el procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez, que considera que se doblaría el consumo como ocurrió, afirma, desde que la Corte Constitucional decidió despenalizar la dosis personal, según la prestigiosa Universidad de los Andes.
Otro argumento es que Colombia ha demostrado que puede reducir la producción de cocaína con mano dura. En 1999, el país generaba el 80% de la que abastecía al planeta, con unas 160.000 hectáreas cultivadas. Después de una estrategia agresiva que combinó, entre otras cosas, desmantelar los grandes cárteles, erradicar por vía aérea y con legiones de jornaleros los sembrados, intensificar las interceptaciones de avionetas y barcos cargados del polvo blanco, la nación diminuyó su participación en el negocio y los cultivos.
El problema es que no desaparecieron sino que se trasladaron a Bolivia y Perú. Por tanto, la consecuencia principal es que más que extinguirla, cambia de localización.
Un obstáculo a la legalización de unas drogas mientras siguen otras es que no están claras las fronteras entre los traficantes de todas ellas. En el norte del Cauca, al oeste de Colombia, donde estuvo esta semana EL MUNDO, combinan el cultivo de coca, amapola –ya casi desaparecida– y marihuana. Las FARC controlan la lucrativa industria junto conlos mafiosos. Y, a veces, en pago por la coca reciben a su vez éxtasis.
Spoiler:
Normativa mundial
▶ Holanda. Es el único país de la Unión Europea donde se otorgan permisos para la venta legal de marihuana a pequeña escala, a través de los llamados ‘coffe shops’. El tráfico continúa siendo ilegal.
▶ España. El pasado marzo, el Pleno del Congreso, con los votos del PP, el PSOE y UPyD, rechazó la propuesta de ERC para regularizar la producción, distribuición y consumo de cannabis.
▶ Estados Unidos. En 17 estados está permitida la venta de cannabis con fines medicinales, pero sólo Colorado y Washington han aprobado la legalización de la marihuana con fines recreativos.
▶ Chile. El consumo personal es legal, pero la comercialización, la producción y la inducción, promoción o facilitación por cualquier medio del uso o consumo de ésta están prohibidas.
▶ Perú. Está permitido el consumo personal: se puede poseer un máximo de ocho gramos de marihuana y dos de sus derivados. Sin embargo, está prohibida la venta y el cultivo.
▶ Costa Rica. Aunque es ilegal, su uso es ampliamente tolerado por las autoridades, siempre y cuando no se realice en lugares públicos, y se trate de pequeñas cantidades que no puedan ser utilizadas para la distribución y la venta.
▶ Honduras. El cannabis está considerado como una droga ilegal. Poseer o consumir este tipo de sustancias es un delito penado, en algunos casos con penas de cárcel.
EL MUNDO. JUEVES 1 DE AGOSTO DE 2013