Salario público medio: 40.150 euros; privado: 24.071ROBERTO CENTENO

En el año 1975 España tenía una de las mejores Administraciones Públicas de Europa. Los cuerpos de élite como abogados o economistas del Estado, catedráticos, médicos, notarios, etc., que serían gradualmente marginados por el primer Gobierno socialista, daban una solidez y una eficacia a nuestra Administración como jamás la había tenido con anterioridad. Eldesastre de Transición lo cambiaría radicalmente. De 1975 a 2012 el crecimiento del empleo público en España sería el mayor del mundo con diferencia: un 260%, una cifra escandalosa que se compara con crecimientos inferiores al 10% en el mundo desarrollado, casi cero en la UE o el -20% en Italia.
En cifras absolutas, el aumento sería de 1,8 millones de empleados públicos, de los cuales 1,1 millones fueron nombrados a dedo y 580.000 con oposiciones a medida. Sólo en puestos duplicados hay más de 700.000 personas. La razón de la sinrazón de este disparate histórico no es otro que el modelo de Estado impuesto a los españoles, todo multiplicado por 17 y sin control alguno. La dimensión del sector público en España no ha sido el resultado de la preferencia social de los ciudadanos, sino del nepotismo y el sectarismo político más descarnado de la oligarquía política corrupta que se hizo con el control del país, robándonos la democracia y enchufando a parientes y amigos y correligionarios políticos a cientos de miles.
La consecuencia inevitable de tal dislate es que nunca antes habíamos tenido unas Administraciones tan incompetentes, porque jamás en España ni fuera de ella el 40% de los empleados públicos había sido designado a dedo sin la menor preparación para el puesto a desempeñar –68 asesores de Rajoy no tienen ni el título de graduado escolar–, ni jamás en España ni fuera de ella un 20% de empleados públicos había sido seleccionado con pruebas a medida. Sólo un 40% de los funcionarios españoles ha realizado oposiciones limpias y transparentes, que son los que mantienen y protegen el país. La Administración española es hoy la más costosa en términos de PIB y la de menor productividad de toda Europa.
En el caso de la enseñanza este desastre adquiere tintes absolutamente dramáticos. En la enseñanza primaria y secundaria, según la OCDE, “los profesores españoles son los que menos horas trabajan, los que más cobran y los que peores resultados obtienen”. Esto condena a aquellos jóvenes sin medios económicos a una enseñanza de tercera clase. Y en la Universidad es peor aún, desde que el trío infame Maravall, Solana y Rubalcaba eliminó las oposiciones como medio de seleccionar al profesorado y lo sustituyeron por el nepotismo y el carnet de izquierdas. El 85% de los profesores universitarios no está capacitado para enseñar las materias a su cargo y los rectores ya no son los mejores, sino los izquierdistas y más radicales. La consecuencia obvia: el nivel de paro entre los graduados en universidades públicas es un 50% mayor que en las privadas.
Y como guinda del pastel están los salarios públicos, que al contrario que el mundo desarrollado, donde son inferiores a los privados, en España son casi el doble. En concreto, el salario medio en el sector público en 2012 era nada menos que de 40.150 euros, frente a sólo 24.071 en el sector privado. Cuando el 60% de los trabajadores ocupados gana mil euros o menos, cuando desde que se inició la crisis la población en riesgo de pobreza o exclusión social ha subido en 5 puntos porcentuales hasta el 28,2% –diez veces más que la media de la UE–, esto es sencillamente un expolio inaceptable. El hecho de que el sueldo medio sea tan alto es debido a las decenas de miles de políticos y sus enchufados con sueldos de escándalo que llegan a los 60/80.000 euros, mientras el resto de empleados públicos tiene salarios casi mileuristas.
El disparate nacional: “En España hay pocos empleados públicos”
Una de las mayores estupideces, tanto porque es una falsificación de la realidad como porque es contrario a lo que vemos todos ante nuestros ojos, es la afirmación de que en España no sobran empleados públicos, sino que faltan. Se trata de un engaño urdido por los sindicatos y la casta política a los descerebrados habituales, donde en las comparaciones internacionales que emplean como argumentación utilizan las estadísticas del Registro Central de Personal del Ministerio de AAPP, que ni incluye a los empleados de las empresas públicas, que ascienden a más de 600.000, ni el personal de contratas de servicios públicos externalizados con varios cientos de miles, algo que demuestra el total desgobierno de lo público.
En todos los demás países sí están incluidos, lo que representa un cambio tan radical que, si las cifras que se comparan fueran homogéneas, ocuparíamos el número uno de Europa por este concepto. El país en el que la diferencia es mayor es Francia, donde la cifra de empleados públicos es de 5,4 millones, debido a que la mayoría de los grandes monopolios, al contrario que en el resto del mundo, continúan nacionalizados –el gas, la electricidad, el carbón, el tabaco, EADS (Airbus), Renault etc.–, lo que añade millón y medio de personas. Al no contabilizar empresas públicas, las comparaciones que circulan son un camelo total.
En segundo lugar, está lo que vemos con nuestros ojos todos los días. Cuando la sanidad y la educación fueron transferidas por Aznar a las autonomías, el número de empleados públicos en las mismas creció en más de 30.000, el gasto sanitario pasó de 38.000 millones de euros en 2002 a 95.000 en 2012, mientras el número de horas semanales trabajadas cayó de 34 a 31 hoy, una cifra vergonzosa cuando se compara con la media de los grandes países, que se encuentra en 39 horas semanales. En el área sanitaria, loshospitales españoles son los que menor tiempo de atención regular dedican de toda Europa, sólo funcionan de mañanas, por las tardes hay miles de millones de instrumental sin uso alguno y decenas de miles de metros cuadrados de consultas vacíos.
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