Los funcionarios tienen salarios más altos que el resto

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Mensajepor Invitado » Vie 08 Sep, 2017 6:56 pm

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Un funcionario de Valencia pidió "600 euretes" y "dos polvos" para agilizar la licencia de un prostíbulo

El jefe de Expropiaciones del Ayuntamiento de Valencia es juzgado por tráfico de influencias.


El jefe de sección de la oficina técnica de Expropiaciones del Ayuntamiento de Valencia pidió "600 euretes" y "dos polvos" al promotor de un local supuestamente destinado a prostíbulo para, al parecer, agilizar los trámites de las licencias urbanísticas.

Estas peticiones se escucharon el jueves en una grabación en el transcurso del juicio, por el procedimiento del jurado en la Audiencia de Valencia, al que se somete este funcionario, acusado de tráfico de influencias y para el que la Fiscalía reclama un año de prisión, además de su inhabilitación.

En la citada grabación, que fue almacenada por el promotor denunciante de los hechos (de nacionalidad búlgara) y que ha sido reproducida a petición del fiscal, el acusado expone a su interlocutor que gracias a un aviso suyo sobre unos requerimientos a su proyecto se ha ahorrado mucho dinero (de alquiler del local) y añade: "Con 600 euretes lo podríamos arreglar".

"Hay una montaña de papeles que te cagas", dice al promotor de un prostíbulo en la calle Cuenca de Valencia, y además le reclama: "Dos polvos en cuanto lo tengáis inaugurado", supuestamente para agilizar los trámites para la obtención de la licencia. "Tranquilo, que no voy a cobrar hasta que no lo tengáis" o "no digáis a nadie que estoy detrás de todo el rollo" son otras de las frases que se han escuchado en la grabación.

Los 600 euros, según se ha defendido el acusado, hacían referencia al coste que tendría para el promotor un asesoramiento externo. Sobre el resto de cuestiones, se ha limitado a apuntar que no reconocía como suyos algunos comentarios de esa conversación, sin precisar cuáles. Según su tesis, el denunciante contactó con él tras escucharle dar consejos sobre urbanismo en una radio, y decidió ayudarle por su carácter abierto, sin reclamarle dinero por ello.

La abogada defensora ha insistido en que su cliente únicamente informó de la demora que sufriría el expediente y recomendó otras formas de tramitación (de forma separada pensión y bar), al tiempo que ha subrayado que no pudo tener acceso informático al expediente urbanístico en cuestión. "El Ayuntamiento ha cambiado de signo político y el acusado sigue en su puesto, jamás ha sido sancionado. ¿Se creen que si hubiese cometido alguna infracción no estaría pegando sellos?", ha agregado la abogada dirigiéndose a los miembros del jurado.

El acusado ha sido suspendido por el Ayuntamiento por seis meses, tras los cuales ha vuelto a su puesto de trabajo, tal y como ha reconocido en la sala de vistas. Según explica el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos sucedieron entre 2014 y 2015, cuando el promotor, que había solicitado licencia municipal para una pensión con un bar, fue informado de que los trámites se iban a retrasar debido a la cantidad de solicitudes.

El solicitante localizó al acusado a través de amigos en común y le contó el caso, tras lo cual el arquitecto averiguó el estado del expediente y confirmó al solicitante el retraso del mismo, al tiempo que le pidió 50 euros. Meses después, el acusado contactó con el solicitante de la licencia y le propuso hablar con el funcionario que tramitaba su caso para que se agilizara a cambio de 600 euros, y el dueño de la pensión denunció los hechos días después.
- Seguir leyendo: https://www.libremercado.com/2017-09-08 ... 276605561/

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Mensajepor Invitado » Mar 09 Ene, 2018 4:40 pm

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Funcionaria de la Junta haciendo horas extra

Meditación, autoayuda o matricularse en la universidad: así pueden justificar horas de trabajo los funcionarios en Andalucía

La Junta publica el catálogo de ocupaciones para acreditar las 2,5 horas de teletrabajo impuestas en el último Consejo de Gobierno


Los trabajadores de la Junta de Andalucía podrán acreditar como horas de trabajo desde casa un curso de meditación de raíces budistas «new age» («mindfulness» se llama) o unas clases de autoayuda llamadas «aprendiendo a ser tu propio líder en el trabajo». La administración andaluza publicó ayer a ultima hora el catálogo de actividades que sirven como tiempo trabajado fuera del horario presencial de 35 horas semanales al personal de la Junta. De esta forma, el Gobierno de Susana Díaz pretende cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que le obliga a volver a aplicar en Andalucía la jornada de 37,5 horas semanales de los funcionarios, vigente en el resto de España.

Además de los cursos de mindfulness (que computa como 30 horas de trabajo) y el de liderazgo personal (que convalida por 18 horas), en el catálogo hay también actividades formativas como «lenguaje claro para comprender y hacernos entender» (10 horas de trabajo) o «descuentos aplicables en la nómina de la Junta de Andalucía» (60 horas, más que una semana normal de trabajo presencial).

Y, entre estos cursos curiosos, otros como «Gestión de los Programas de Fondos Europeos en Andalucía» (18 horas) o «Régimen jurídico del personal al Servicio de la Administración de la Junta de Andalucía» (40 horas de trabajo).

El Gobierno de Susana Díaz ha decidido que el sector docente no necesita de un catálogo de actividades extracurriculares» para completar las 2,5 hora de teletrabajo semanal del nuevo horario. Así, el catálogo queda restringido a administración general, sector sanitario y sector instrumental (la administración paralela). El sector judicial, dependiente del Ministerio de Justicia, tampoco está incluido en este documento.

1. Administración general:

En este apartado se prima «la formación y, en especial, la formación en línea», que los trabajadores pueden acreditar con un documento que les facilita la plataforma web creada por el Instituto Andaluz de la Administración Pública (IAAP). Hay tres tipos de cursos: formación abierta (no hay profesor ni tutor sino un «foro donde una persona experta» resuelve dudas); formación colaborativa y formación tutorizada en línea (esta sí, con un tutor que dirige el curso).

Además, también se pueden computar horas de trabajo por matricularse en un grado, master, curso de especialista o experto, cursos online o asistencia a congresos. «La matriculación en estudios de carácter anual o la participación por dicho periodo, equivaldrá, como mínimo, a 90 horas», reza la norma. No exigen aprobar el curso, por lo tanto, solo matricularse en él y poder anotarse así 90 horas de trabajo solo por el precio de una matrícula universitaria -bonificada al 99 por ciento además por la propia Junta de Andalucía-.

Los funcionarios también podrán anotar horas de trabajo por tareas de «reuniones, planificación, revisión y actualización de información» solo con decírselo a su jefe e indicarle cuantas horas van a estar en casa -o donde estimen- haciendo estas tareas.

2. Sector Sanitario:

La formación es también uno de los ejes donde los profesionales del sistema sanitario pueden acreditar horas de teletrabajo. Pero antes de realizar actividades de formación deben, según el documento de la Junta de Andalucía, hacer una «autoevaluación» de conocimientos y necesidades. Solo el pensar qué curso hace falta ya cuenta como una hora y media de trabajo: «Esta reflexión o autoevaluación requiere, de media, de una hora y 30 minutos por profesional».

Otro de los ejes para el sector sanitario está en la acreditación de competencias y habilidades profesionales. Con este procedimiento se pueden justificar hasta 97 horas y 15 minutos por profesional de teletrabajo si se alcanza el nivel experto o 81 horas y 58 minutos en el más básico, el avanzado.

3. Sector instrumental:

Los trabajadores de la administración paralela de la Junta de Andalucía también pueden teletrabajar 2,5 horas semanales. Y lo harán a través de cursos online y con plataformas cedidas en algunos casos por el IAAP, equiparando a estos profesionales con los funcionarios del resto de la administración de la Junta.

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Mensajepor Invitado » Dom 03 Nov, 2019 5:15 pm

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Mensajepor Invitado » Sab 11 Jul, 2020 3:06 am

Kafka en la Seguridad Social

Ya lo tengo claro: no existo para la Seguridad Social

Pedro García Cuartango

El 4 de mayo cumplí 65 años y decidí jubilarme. Poco podía imaginar el calvario que me esperaba. Ingenuamente desconocía que la Seguridad Social ha levantado no sólo un muro que hace imposible cualquier comunicación con sus funcionarios sino que también imposibilita cualquier tipo de gestión personal. Es una Administración virtual que ni está ni existe ni responde.

Paso a contar mi experiencia a lo largo de estos dos meses, que es la historia de una frustración. Como decía, tras más de 40 años de cotización, había tomado la decisión de acogerme a la jubilación activa, que permite cobrar la mitad de la pensión sin renunciar a seguir trabajando sin limitación alguna.

Lo primero que intenté fue pedir cita previa, lo cual no fue posible porque la Seguridad Social no atendía al público por el efecto de la pandemia. En su web, hacía constar que las gestiones urgentes podían hacerse por teléfono o accediendo a la plataforma digital.
El teléfono estaba bloqueado y, cuando accedías al servicio, un robot te formulaba una serie de preguntas. Cuando llegabas al final y creías superada la prueba, una voz anónima te indicaba que tenías que recurrir a la plataforma digital, que por cierto necesita una clave que no es fácil de obtener y que no suele ser compatible con el sistema operativo de tu ordenador.

Como dispongo de esa clave desde hace meses, accedí sin problemas al portal digital de la Seguridad Social. Pero me encontré con una nueva sorpresa: el sistema me indicaba que no podía calcular mi pensión. Por lo tanto, opte por no seguir rellenando el complejo formulario para pedir la jubilación activa.

El día 25 de junio la Seguridad Social reanudó la atención al público. Ya era posible pedir cita previa. Lo intente todos los días a todas las horas, pero el sistema estaba bloqueado. Imposible.

Decidí pasar unos días en Miranda de Ebro, mi ciudad natal, donde la Seguridad Social posee un moderno edificio. Me presenté en la puerta para pedir cita previa y me respondieron que tenía que ser por la web. Como me puse muy pesado, una eficiente funcionaria salió a ayudarme a concertar la cita: el viernes 3 a las doce y veinte. Ya me advirtió de que allí no realizaban ningún tipo de gestiones, pero sí que me podían informar.

Llegado el momento, me hallaba en la cola de las dependencias cuando sonó el teléfono. Mi interlocutora se identificó como funcionaria del organismo y me indicó que la atención era telefónica y no presencial. La pregunté por la cuantía de mi pensión y me respondió que lo tenía que solicitar por correo electrónico a la delegación de Burgos.

Lo más curioso es que un técnico de Burgos me había recomendado que lo hiciera en Miranda. Y en Miranda me volvían a enviar a Burgos. No me sorprendió porque el servicio telefónico me había remitido a la web, la web a la cita previa y la cita previa al teléfono. El círculo se cerraba. Ya lo tengo claro: no existo para la Seguridad Social.

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Mensajepor Invitado » Vie 25 Sep, 2020 8:18 pm

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Los empleados públicos cobran un 54% más que los trabajadores del sector privado

La brecha será en 2020 mucho más elevada como consecuencia del aumento de las remuneraciones públicas muy por encima de la inflación y, sobre todo, por la pandemia


Según los datos de las memorias de recaudación la Agencia Tributaria, los empleados del sector privado percibieron en 2019 un salario medio de 23.683 euros por su trabajo mientras que los del sector público llegaron a los 36.387 euros. Lo que significa que hay un desfase salarial de casi el 54% (12.704 euros) a favor de los empleados de las Administraciones y que sigue aumentando la brecha entre los asalariados españoles. Sólo en este último año la remuneración media pública creció un 3,3%, más del doble que la del sector privado (1,5%).

La brecha será en 2020 mucho más elevada como consecuencia del aumento de las remuneraciones públicas muy por encima de la inflación (entre un 6% y un 8% en los últimos tres años), y sobre todo por la pandemia, que ha provocado la proliferación de ERTES y despidos sólo en el sector privado, mientras que se prepara otra nueva batería de ERES y salidas en el colectivo de indefinidos con mayores ingresos. La abismal diferencia de sueldos se debe a la aplicación sistemática de las diversas reformas laborales aplicadas exclusivamente en el sector privado, sobre todo la de 2012 que ha permitido una devaluación permanente de los salarios, un aumento de la precarización laboral y una profunda restructuración de las categorías laborales.

Por todo ello, los sueldos públicos, a pesar del descontrol del déficit durante una quincena de años consecutivos, se han quedado fuera del mercado respecto a los que abonan las empresas privadas y de la competitividad que se requiere para generar una mayor productividad en beneficio de la actividad económica. Además, quien ha salido expulsado del mercado privado sólo ha podido volver a trabajar, antes del coronavirus, aceptando peores condiciones salariales mientras que en el sector público, con más empleados ahora que al inicio de la crisis en 2007 (279.000), no se ha producido este efecto.

Desde que la economía empezó a crecer en 2014 sólo han aumentado levemente las nóminas medias privadas como consecuencia del incremento del Salario Mínimo Interprofesional. Por ejemplo, el alza en 2018 fue del 2,1% en el sector privado frente al 1,6% en el público. Pero, en los demás años la vuelta al crecimiento del PIB ha sido utilizada por los gobiernos para aumentar la brecha entre estos dos colectivos ya que en 2015 y 2016 los sueldos medios públicos crecieron un 1,1% y 2,8% frente al 0,3% y 0,4% respectivamente en las empresas privadas. Es decir, el crecimiento de la economía hasta 2019 sólo ha servido para que los salarios de los empleados de las Administraciones, y de los políticos, recuperen el ritmo de años anteriores. De esta forma, el diferencial entre la renta media pública en términos nominales (30.677 euros) y la del asalariado privado (21.952 euros) era de casi el 40% cuando comenzó la crisis de 2007, y ahora es de 14 puntos más (ese 54%).

Una brecha récord

En todo caso, la brecha de 2019 es la más alta desde que hay series estadísticas (1995). Curiosamente, en 2001, el año previo a la realización de las más de 2.000 transferencias que el Estado realizó a las autonomías en 2002, se registró la menor diferencia entre estos dos salarios (33,7%). Desde entonces no ha parado de crecer, sobre todo en los años posteriores a las reformas laborales más importantes. Así, en 2013, es decir, en el primer año de aplicación de la reforma que entró en vigor a finales de 2012, los salarios medios de las empresas privadas sufrieron una contracción de casi un punto mientras que los públicos se incrementaron en casi cuatro puntos. La brecha ha aumentado también en los años iniciales de la crisis económica a partir de 2007. Llegó al 45% en 2008 y al 48% en 2009 con crecimientos anuales superiores al 9%.

Incluso, cuando Zapatero decidió bajar el sueldo público en 2010 (entre el 5% de forma general y el 10% para los altos cargos) esa diferencia alcanzó el 47% (33.973 euros de salario medio en las Administraciones frente a 23.107 euros en las empresas privadas). En todo caso, que en los años posteriores (2011 a 2015) se produjera la congelación de los sueldos públicos, así como la supresión de una paga extra en 2012 (que luego fue devuelta), no ha servido para reducir esa diferencia salarial que las Administraciones (y los políticos) siempre han justificado por la elevada proporción de empleados públicos con estudios superiores. Pero no se tiene en cuenta el abono de otros pluses, por ejemplo, el de antigüedad (sólo los ministerios abonan más de 1.000 millones de euros anuales en trienios) que perciben estos empleados como consecuencia de la seguridad en el empleo y de la no aplicación de las reformas laborales mientras que en el sector privado han dejado de abonarse porque perjudica a la competitividad según la CEOE.

En términos nominales, es decir, sin tener en cuenta la inflación producida, los salarios medios públicos han crecido desde 2007 a 2019 un 18,6% (de 30.677 a 36.387 euros, unos 5.700 euros más). Mientras tanto, en el sector privado el incremento es del 7,9%, es decir, menos de la mitad que el público, ya que ha pasado de 21.952 a 23.683 euros (unos 1.700 euros más) en estos trece ejercicios. Si le aplicamos la inflación en este periodo y obtenemos cifras en términos reales para saber si ha habido pérdida de poder adquisitivo, sale que esos 30.677 euros de sueldo medio público en 2007 equivalen a 35.340 euros frente a los 36.387 registrados en 2019.

Por tanto, los sueldos de las Administraciones han obtenido una mejora de poder de compra del 3% (1.047 euros) en este periodo. Sin embargo, en el sector privado se ha producido una contracción de 6,4 puntos ya que los 21.952 euros nominales de 2007 equivalen a 25.289 con inflación cuando el sueldo medio en 2019 es de 23.683 euros. Por tanto, la diferencia de poder de compra entre el sector público, preocupado ahora por una posible congelación salarial en 2021 cuando se registran una inflación negativa, y el privado, preocupado por la renovación o ampliación de ERTEs y de no perder el empleo a costa de otra nueva reducción los salarios, es de más de nueve puntos en este periodo a favor de los asalariados de las Administraciones.

Si esta comparación la realizamos desde que la economía empezó a crecer en 2014, el resultado que sale en términos reales es el siguiente: el salario público ha ganado cuatro puntos mientras que el privado sólo ha obtenido medio punto. En todas las comparaciones posibles el resultado es el mismo: los empleados públicos han obtenido mejores resultados salariales. Sólo en un caso los trabajadores de las Administraciones pierden poder adquisitivo. Se trata de la comparación salarial media también en términos reales entre 2010 y 2019 (estos años incluyen la reducción salarial, la paga extra suprimida y reintegrada, las congelaciones y los incrementos de los años de crecimiento de la economía). Pierden 2,1 puntos. Sin embargo, la pérdida de los asalariados privados es mucho mayor, llega hasta el 6,1%, es decir, tres veces más.

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Mensajepor Invitado » Mar 27 Oct, 2020 3:01 pm

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