■ El ex tesorero transcribió en 2011 parte de su agenda de 2006 y 2007
■ Anotó 13 reuniones con Del Rivero y la presunta 'mordida' de Toledo
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas transcribió en 2011 en las hojas de un almanaque las anotaciones de sus agendas que reflejarían los principales hitos del proceso que, según su denuncia, habría desembocado en la entrega por el empresario Luis del Rivero de un soborno de 200.000 euros para financiar la campaña de María Dolores de Cospedal a las autonómicas de 2007 a cambio de la adjudicación del contrato de gestión de residuos de Toledo a Sufi, propiedad de su constructora Sacyr.
EL MUNDO de la Tarde publica hoy un avance de esa transcripción, que este diario ha recibido de manos de fuentes cercanas al ex tesorero, y cuyo contenido podrá verse íntegro esta noche en Orbyt y mañana en la edición impresa de EL MUNDO y en su renovada página web. Las notas revelarían al menos 13 encuentros de Bárcenas con Del Rivero entre 2006 y 2007, algunos referidos a asuntos que no tienen que ver con la presunta mordida, la mayoría en la sede de Sacyr en el Paseo de la Castellana de Madrid y otros en lugares públicos; unas veces a solas y otras, acompañados por terceras personas, vinculadas casi siempre a la cúpula del Partido Popular, entre ellos un antiguo secretario general.
La secretaria del ex tesorero, Estrella Domínguez, declaró ante el juez Pablo Ruz el pasado mes de septiembre que Bárcenas le confió sus agendas en marzo de 2009, tras el estallido del caso Gürtel, y que se las pidió de nuevo en 2011 para transcribir algunos registros, que serían los que ha obtenido ahora este periódico. Después, su jefe le devolvió esas agendas y ella las habría destruido, por iniciativa propia según dijo, a finales de 2012.
El ex presidente del PP catalán Josep Piqué es una de las personas que ha reconocido a este diario la anotación que le afecta: un almuerzo en el restaurante Balzac de Madrid con Del Rivero y Bárcenas, celebrado el 4 de diciembre de 2006. Piqué confirma el encuentro, que se produjo, según su relato, a iniciativa del constructor, que quería conocerle, para lo que habría mediado Luis Bárcenas. La cita fue "distendida" y "muy cordial", y el actual consejero delegado de OHL afirma que en ella se habló exclusivamente de asuntos relacionados con la política en Cataluña.
También corroboran alguno de los apuntes un empresario de la construcción y de los medios de comunicación, muy conocido por su relación con el mundo del deporte, y una de las más grandes estrellas que ha tenido el Real Madrid en toda su historia, que de hecho introduce la interesante aportación de situar a Bárcenas en una fecha concreta de 2006 en la sede de Sacyr, donde se encontraría a la espera de reunirse con Luis del Rivero.
Entre noviembre y diciembre de 2006, las notas reflejan tres presuntos encuentros con el constructor. Uno de ellos es el referido con Piqué. Otro tiene fecha del 6 de noviembre, coincidente con una de las presuntas entregas de dinero en efectivo de Luis del Rivero (de 60.000 euros) contabilizadas en la supuesta caja B del PP manuscrita por el ex tesorero, y que el empresario negó durante su declaración como imputado el pasado mes de mayo.
La transcripción de las agendas recoge asimismo la supuesta reunión con María Dolores de Cospedal en el Senado a la que el ex tesorero se refirió durante su declaración como imputado el pasado 15 de julio ante el juez Pablo Ruz, en la que ella le habría pedido que concertase un encuentro con Luis del Rivero. Habría sido el 20 de diciembre de 2006 a las 12.00 horas, en el despacho que la actual secretaria general tenía contiguo al de Bárcenas en la Cámara Alta. Inicialmente, habían previsto verse el 19 de diciembre, y así figura anotado, pero Cospedal habría retrasado la cita al día siguiente.
La caja madrileña, origen de Bankia, que necesitó más de 20.000 millones de euros públicos, ha sido todo un ejemplo de lo que los manejos de los políticos pueden causar en las en las entidades financieras.
Pedir créditos ventajosos para familiares o amigos, 'enchufar' a personas en las empresas en las que participaba, colocar en puestos dirigentes a personas sin experiencia ni conocimientos financieros... Caja Madrid fue durante años el escenario de todo tipo de mangoneos por parte del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, mangoneos que ya se conocían pero que ahora salen a la luz merced a la publicación de los correos electrónicos que durante todos esos años se enviaron. Estos mangoneos por todas partes obligaron a Miguel Blesa a defenderse alegando que Caja Madrid no era "el cortijo" después de que uno de los hijos de José María Aznar, José María Aznar Botella, le amenazara por no comprar unas obras del artista Gerardo Rueda al precio que él demandaba. Un informe tasó esta obra en 3 millones de euros pero el hijo de Aznar pedía 54 por ella. ¿Qué pasaría con la diferencia?
Por ejemplo, Esperanza Aguirre, cuyo discurso público siempre hace gala del liberalismo y la no injerencia de los poderes públicos y las administraciones en la actividad económica, presionaba al entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en un correo enviado en 2006 diciendo que "necesito urgentemente que mañana a primera hora firmes la oferta conjunta con Telemadrid, tal como quedamos, para que Calderón (presidente entonces del Real Madrid) la tenga antes del mediodía. No hay que añadir o cambiar nada, tan sólo tu firma junto a la de Soriano".
Los correos electrónicos de Blesa a los que ha tenido acceso 'El País' y que son la fuente de estas informaciones muestran como en un momento muy delicado para el sector financiero español -los correos se enviaron entre 2007 y 2009, cuando la crisis 'subprime' ya había impactado sobre la banca mundial, complicando la gestión de las entidades financieras- la dirección de Caja Madrid parecía más ocupada de contentar los múltiples favores políticos que por todos lados se le pedían que de asegurar la viabilidad de la caja, viabilidad que finalmente no se produjo.
Enchufes en empresas privadas, presiones para comprar cuadros por encima de su valor, peleas por el poder... nada faltó en aquellos años en que se gestaba la quiebra de Bankia
Por ejemplo, estaban muy distraidos en la sucesión de la presidencia de la entidad, en una batalla entre Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, que quería colocar en la caja al ahora presidente de la Comunidad de Madrid cuya mujer ha sido imputada por un ático millonario en Málaga, Ignacio González. En otro de los correos, un colaborador de Blesa, Miguel Amat, le dice a su presidente que "es la enésima vez que Nacho González y la rubia se llevan un revolcón. ¿Aprenderán? A los del pacto se les ha vuelto a quedar cara de gili". Mientras se producía esta batalla por la presidencia de la caja semipública, Blesa escribió numerosos correos a los lugartenientes de Gallardón para quejarse de los movimientos en la sombra del aguirrismo para moverle la silla.
Enchufes en Iberia
El enchufismo, algo conocido pero nunca desvelado con tanta claridad, también hizo mella en la caja pública. Por ejemplo, Ignacio González le dice el 18 de diciembre de 2007 a Blesa que "me dice la jefa que si tienes que poner 2 consejeros en Iberia y uno es ejecutivo de la caja, que el otro sea Mercedes Rojo".
Los tejemanejes tienen cierto carácter obsceno, aunque no se debe olvidar que se han producido en una caja origen (junto con Bancaja y otras pequeñas cajas regionales) de Bankia, que el año 2012 tuvo que ser rescatada con más de 20.000 millones de euros.
La polémica decisión del TSJM de considerar irrelevantes los correos de Blesa complican la defensa del magistrado, acusado de prevaricación
Las oportunidades de defensa se han complicado seriamente para el juez Elpidio Silva después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmara este lunes que le niega la posibilidad de apelar a la importancia de los emails intervenidos al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa. Los correos no podrán formar parte en la defensa del magistrado en la causa que se le ha abierto por presunta prevaricación y contra la libertad individual del banquero en aquel caso.
El encarcelamiento de Blesa precipitó la causa contra el juez Aunque tenía algún polémico episodio disciplinario previo, el horizonte de la carrera judicial de Silva, titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, se torció desde que encarceló el 5 de junio al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa en el marco de investigación por la compra del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid. El magistrado había abierto una pieza separada sobre la adquisición de dicho banco dentro de la causa por el crédito de 26,6 millones de euros que la caja madrileña concedió a Gerardo Díaz Ferrán cuando el expresidente de la patronal era consejero de la entidad, un crédito de dudoso retorno desde su origen.
La Audiencia Provincial de Madrid consideró que no había indicios para reabrir la causa y ordenó la excarcelación de Blesa. Aunque el expediente era previo y por causas ajenas al caso Blesa, fue entonces cuando el CGPJ se reunió para sancionar a Silva y apartarle temporalmente de la carrera judicial, de la que pueda verse apartado definitivamente con la apertura del juicio por presunta prevaricación en el caso Blesa.
El TSJM tacha de “irrelevantes” los correos A pesar de los contenidos que se han filtrado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha considerado que los correos del expresidente de Caja Madrid son “irrelevantes” para la causa abierta contra Silva, aunque el juez alegaba que en uno de ellos de 2008 entre cruzado entre Blesa y el exdirector financiero de la entidad, Ildefonso Sánchez Barcoj, éste admitía un punto crucial para la causa: “Como sabes cubrimos en su momento no solo la totalidad de las dos compras, sino 100 kilos más por si se ponía algo a tiro”, aludiendo así a la adquisición del City National Bank de Florida y de la entidad mexicana Hipotecaria Su Casita (HSC).
Unos emails que apuntaban muy arriba En su recurso, Silva relacionaba a Blesa con el pago de varias facturas a la trama Gürtel y le vinculaba con operaciones de tráfico de armas relativas al expresidente del Gobierno José María Aznar y su yerno, Alejandro Agag. Asimismo, manifestaba su sorpresa por ser él el investigado por acusaciones de “poderosos imputados” cuando él salvaguardó los derechos de Blesa mientras instruyó el caso. El TSJM avala el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid al anular el caso por vulneración del secreto de las comunicaciones e “intentar dar cobertura a una investigación de carácter prospectivo sin motivación”, algo prohibido por la ley.
Silva defiende que los correos eran “corporativos”, no privados Tras conocer la decisión del TSJM, el magistrado declaró que los correos tienen “carácter corporativo” y no “íntimo”. En declaraciones a Cuatro el magistrado se preguntó “qué sucede en la Justicia en España a partir de determinados niveles” porque no puede ser que “se termine imputando al juez que está investigando a un imputado”.
Un nuevo caso Garzón Ya a principios de este mes el portavoz adjunto del grupo parlamentario Izquierda Plural, José Luis Centella, denunció el “contrasentido” de que el proceso contra Silva fuera “muy rápido” y el de Blesa “muy lento” y comparó el caso con el de Baltasar Garzón, apartado de la carrera judicial y el único condenado hasta el momento por el caso Gürtel, cuando paradójicamente fue quien abrió la investigación contra la trama de corrupción.
■El empleado de la caja en Linares (Jaén) Antonio Gómez Ortega envió sin éxito un correo a Miguel Blesa suplicando que no le despidieran tras haber devuelto a varios clientes parte de su dinero
■"Señor presidente, con la mano en el corazón, tengo una edad difícil para el tema laboral, me quedo desamparado y principalmente mis dos hijos, perdone, no es mi intención dramatizar pero es lo que siento"
■"Con el paso de los años me he dado cuenta de que yo soy la primera víctima de las preferentes", declara ahora el exdirector de Linares
El exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha defendido hoy las escuchas que ordenó practicar en el caso Gürtel para evitar "que los acusados siguieran delinquiendo", al cumplirse cinco años del inicio de la operación contra una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP.
En una entrevista en la Cadena SER, el magistrado ha recordado la decisión que le costó el puesto en la Audiencia Nacional, tras ser condenado el 9 de febrero de 2012 por el Tribunal Supremo a 11 años de inhabilitación y pérdida de empleo por prevaricación a raíz de la querella interpuesta contra él por ordenar escuchas entre varios de los imputados en el caso Gürtel en prisión y sus abogados.
"No había otra alternativa y no me arrepiento de tomar esa decisión", ha afirmado Garzón, que ha añadido que "se tomó con todas las garantías para evitar que continuara una conducta delictiva y protegiendo absolutamente el derecho de defensa".
Precisamente, ha continuado, a día de hoy no se ha demostrado con esas medida que hubiese ningún perjuicio para los investigados, "sino solo el mío", dice en referencia a su inhabilitación.
"Era consciente de que era un tema delicado porque había indicios de delitos de blanqueo, corrupción en los que aparentemente estaban implicados cargos del PP y empresarios", ha explicado el exjuez de la Audiencia Nacional, que ha agregado "que actuó con la misma contundencia que en cualquier otro asunto".
No obstante, ha criticado la lentitud en la que derivó la causa una vez fue removido del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al afirmar que llegó al "sobreseimiento" de la causa respecto al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y su esposa. Hasta la llegada del juez Pablo Ruz "a nadie le interesó el caso" por la presión de determinadas personas del PP para evitar que la instrucción avanzara, ha dicho.
Los patronos encargaron mochilas del peregrino por valor de 3,5 millones
A lo grande, se trataba de pensar a lo grande. La burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo y la política de grandes eventos del PP en el Gobierno valenciano estaba a punto de alcanzar su paroxismo el 3 de julio de 2006 con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias. Un acontecimiento impulsado por el presidente Francisco Camps, el consejero y miembro del Opus Dei Juan Cotino y el arzobispo de Valencia Agustín García Gasco ya fallecido, quienes junto con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, crearon una fundación específica para organizar la visita del pontífice.
El levantamiento del secreto de sumario de la pieza cuatro del caso Gürtel, relativa a la visita del Papa a Valencia, desvela los millonarios contratos firmados por la Fundación V Encuentro para un evento en el que se manejaron unas previsiones de asistencia (dos millones de peregrinos) que quedaron, finalmente, en una décima parte.
El ‘caso Gürtel’ desvela los contratos del V Encuentro Mundial de las Familias
La Fundación V Encuentro contrató con Acciona cerca de 7.000 urinarios portátiles, cuyo coste se elevó a 2,65 millones de euros. La mayoría de los sanitarios repartidos por el antiguo cauce del Turia y las principales arterias de la ciudad quedaron sin utilizar. El pedido incluyó 5.940 urinarios a 295 euros la unidad, otros 60 preparados para personas con minusvalías del mismo precio y otros 864 sanitarios de mayor categoría (355 euros la unidad).
Las cifras contrastan con el número de sanitarios que instala el Ayuntamiento de Valencia durante la semana grande de Fallas. Un número que en los últimos años ha oscilado entre los 200 y los 300 urinarios portátiles repartidos por las zonas de mayor afluencia de visitantes.
El coste del evento con el Pontífice se estimó en unos 22 millones de euros
A cambio del contrato de los 7.000 urinarios, Acciona se comprometió a donar 550.000 euros en dinero a la Fundación V Encuentro.
Con ser excesivo, el contrato de los sanitarios portátiles no fue el de mayor montante. Los patronos encargaron a la firma Cronosport SL casi medio millón de mochilas del peregrino por un valor de 3,46 millones de euros. La documentación remitida al Tribunal Superior de Justicia de Valencia revela que se encargaron 390.000 mochilas senior y 110.000 junior que incluía un lote de artículos para el peregrino (gorra, abanico de plástico, camisa de manga corta, plano, acreditación, banderita, chapa y plano). Para las mochilas destinadas a los adultos se acordó un precio de 7,60 euros y para los niños de 4,50. El fabricante se comprometió a donar 90.000 euros a la Fundación, un porcentaje en función de la facturación final y 12.000 mochilas gratis para los voluntarios.
En los gastos se incluyó vestuario y regalos para la curia eclesiástica
Los contratos, mantenidos en secreto por la Fundación pese a que tres de sus cuatro patronos son Administraciones públicas, incluyen toda clase de dispendios. A la firma Cuco Comunicación se le contrataron por un millón de euros (990.000 para ser exactos) la construcción de los expositores de la Feria de las Familias —celebrada en Feria Valencia— los materiales necesarios y la campaña de publicidad.
La documentación, remitida por el entonces presidente ejecutivo de la Fundación y hoy prelado de Palencia, incluye el contrato para la confección de 900 casullas y 500 mitras para las autoridades religiosas por importe de 84.500 euros más IVA. Al Papa se decidió regalarle una réplica del Santo Cáliz en plata dorada valorado en 6.055 euros.
Los documentos contables y las actas reflejan la falta de rigor en la gestión económica de la Fundación V Encuentro en un presupuesto que se estimó inicialmente en más de 22 millones de euros.
El exsenador del PP afirma que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, "lo está pasando mal porque no tiene ni Coca-Cola"
El mensaje del PP es que si había una 'caja B', era la 'caja B' de Bárcenas, pero el exsenador Luis Fraga ha apuntado más alto. Ha manifestado que el anciano extesorero Álvaro Lapuerta, también imputado, era el "gran conseguidor" de las donaciones en el Partido Popular. Y de esas donaciones de grandes empresarios, supuestamente, varios de ellos también imputados, se nutría la caja que financiaba ilegalmente al Partido Popular. Ha agregado que es "inconcebible" que Bárcenas pagase la sede central del PP con dinero negro sin que recibiera órdenes para ello o nadie lo supiese.
Fraga ha asegurado que Bárcenas era una persona totalmente de fiar y cree todo cuanto ha dicho sobre la 'caja B'. "Si él dice que la letra es suya, es suya", ha añadido. Ha aseverado que lo conoce desde hace 30 años y hasta han "compartido tienda" en las cumbres del Himalaya.
El sobrino del expresidente fundador del PP lamenta la situación económica de la familia Bárcenas después de los embargos ordenados por el magistrado Pablo Ruz para satisfacer las fianzas de responsabilidad civil. Ha dicho al juez que "su mujer, Rosalía Iglesias, lo está pasando mal, porque el otro día fui a su casa, y no tenía Coca-Cola". "Yo no les he dado dinero", ha añadido, porque "estoy peor que ellos"
La Agencia Tributaria detalla que los 'populares' pagaron con 750.000 euros de "fondos ajenos al circuito legal" las obras de la primera planta de su sede. En junio ya detectó otros descuadres por cerca de un millón. En el nuevo estudio hace referencia al "despacho de dirección" y a la sala de prensa donde están instaladas los célebres televisores planos.
Auto sobre los pagos en B de Génova La Agencia Tributaria ha concluido que el PP pagó en 2006 con 750.095 euros procedentes de "fondos ajenos al circuito económico legal" las obras en la planta baja de la sede de Génova. Con esta cantidad ya son 1,7 millones en B los que los populares habrían pagado las obras de su sede.
● Hablan por primera vez los funcionarios de base imputados en el 'caso Gürtel'
● Los sindicatos lamentan la acusación de técnicos y empleados ajenos a la trama
● 'Las órdenes en la administración siempre vienen de arriba, nunca es al revés'
La operación Gürtel removió en la Comunidad Valenciana los cimientos de toda una administración. Seis años después de que el juez Baltasar Garzón ordenara la detención de Francisco Correa y de sus colaboradores en Valencia, entre los que se encontraba Álvaro Pérez El Bigotes, los investigadores aún no han dado con el 'señor X', ese dirigente político que abrió las puertas de la Generalitat a la trama pero al que nadie recuerda o nadie quiere recordar.
LA PROTESTA DE LOS SINDICATOS
Los huecos que deja la rama valenciana del caso Gürtel, donde hay condenados y absueltos por el mismo caso (el de los trajes) o cambios de criterio según la conselleria afectada han motivado varios encuentros discrecionales entre los principales sindicatos de la Comunidad Valenciana para pactar un comunicado conjunto en defensa de técnicos rasos que se han visto envueltos en esta maraña judicial. Según fuentes judiciales, las organizaciones tienen meridianamente claro que hay determinados funcionarios procesados o imputados que ni conocían la trama ni sabían que sus jefes habrían recibido instrucciones para contratar a Orange. El objetivo de esta declaración es disipar dudas y empujar a los investigadores a seguir buscando al 'señor X'
Decenas de técnicos y funcionarios de base están asumiendo esas responsabilidades, bien porque con la información que tenían cuando se tramitaron los contratos irregulares no pueden señalar el origen de las instrucciones políticas, bien porque no se atreven a delatar a sus jefes. «Sólo cumplíamos órdenes», confiesan, por primera vez, a EL MUNDO muchos de los ahora encausados.
Uno de ellos se llama Patricia Callaghan. En noviembre de 2004, la Conselleria de Territorio, que dirigía entonces el ahora condenado Rafael Blasco, encargó a Orange Market a través de la empresa pública Vaersa la elaboración de un vídeo sobre la campaña del contenedor amarillo. Fue el primer contrato de la Generalitat con la empresa de El Bigotes. El gobierno valenciano pagó 63.900 euros por un trabajo que había pactado con la trama Gürtel 11 meses antes pero el vídeo nunca se hizo. Ningún alto cargo está imputado por este contrato. Callaghan sí.
Patricia Callaghan Pitlik es funcionaria profesional de la Generalitat Valenciana. Era jefa del Servicio de Calidad Ambiental cuando se aprobó aquel vídeo. Se le considera cooperadora necesaria en los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y se enfrenta a una posible pena de tres años de prisión y al menos siete de inhabilitación.
«Todos los días y casi todas las noches me pregunto por qué estoy imputada y sigo sin respuesta», se lamenta. «Yo estoy en el último escalón, ni siquiera en el segundo, no puedo ordenar al director de una empresa pública que contrate un vídeo u otro y con quién. Jamás».
Callaghan asegura que no participó en la selección de empresas, ni en la contratación de Orange Market, ni en la decisión final de no hacer la campaña. Cuando se rescindió el contrato ella ya había cambiado de puesto. «Yo no tengo la más mínima relación con ninguna persona o empresa de la trama Gürtel. Yo no he recibido ninguna prebenda, nada de nada, ni un céntimo o equivalente. No tiene sentido, ya que mi capacidad decisoria era nula», insiste. «Las órdenes en la administración siempre vienen de arriba, nunca es al revés».
Fue imputada el 24 de julio de 2014, antes había comparecido como testigo. «El primer día que declaré conocí las irregularidades», admite. La prueba contra ella es un mail que empieza así: «Según indicaciones de Patricia Callaghan adjunto te remito el presupuesto para la realización del vídeo de residuos (...) Disculpa la demora». Fin.
«No quiero entrar en teorías conspirativas, pero realmente es un poco extraño que la gente con capacidad decisoria no esté imputada y que yo sea la única imputada de la Conselleria», explica la funcionaria. Por encima de su mesa había cuatro altos cargos. En la cúspide, el omnipresente Blasco. «Sólo hay que ver el organigrama», insiste ella para señalar a los responsables.
«Yo nunca pude sospechar que se estuviera cometiendo un delito porque por mis manos nunca pasó un papel de nada ilegal. ¿Cómo puedo sentirme culpable de no denunciar algo que desconocía? No formaba parte de mis atribuciones», repite.
El laberinto judicial en el que se ha visto atrapada le ha permitido destripar ahora la 'cara b' de su departamento. Buceando en el sumario del caso Gürtel ha sabido que sus jefes se reunieron, hablaron y comieron con los cabecillas de la trama para pactar el contrato 11 meses antes de su adjudicación. «Yo desconozco el motivo pero...». Y abre los ojos para decir sin hablar que blanco y en botella.
Hasta ahora Callaghan había guardado silencio como el resto de funcionarios del Consell por miedo a posibles represalias y esperando que la lógica le liberase del caso. Ahora admite que el caso Gürtel le ha «destrozado» la vida. «He tenido que cambiar de trabajo, ya no puedo confiar en ningún jefe, el caso me está costando en abogados un dinero que no tengo, y todo esto me ha deteriorado la salud».
Repite varias veces que confía en la Justicia y cree que finalmente podrá demostrar su inocencia. Su caso podría ser el de decenas de funcionarios y técnicos de la Generalitat Valenciana que «sólo cumplían órdenes». «Cualquier compañero podría estar en mi situación y están preocupados. Ahora nadie quiere firmar un documento. Ya no sabes si estás obedeciendo algo que no deberías obedecer. Yo nunca hubiera pensado que mis jefes pudieran estar contratando algo irregular o ilegalmente. Ahora pienso que no debería haberme fiado de ellos, pero eso lo sé ahora, entonces no. En el 2004 nunca me hubiera podido imaginar esto».
La visita del Papa a Valencia
"Ahora te das cuenta de cómo jugaron el dinero público, pero entonces no", comparte Luis Sabater. Él era una institución dentro de Radiotelevisió Valenciana (RTVV). Experto en comunicaciones y enlaces por satélite, estuvo en la casa casi desde su fundación y fue el responsable técnico en los grandes eventos en los que participó Canal 9, también en la visita del Papa a Valencia en 2006 que investiga el juez José Ceres dentro del caso Gürtel.
En mayo de ese año, la fecha exacta no está clara del todo porque se han investigado datos y correos electrónicos que pudieron ser manipulados, la mesa de contratación elige la oferta de la constructora Teconsa -constructora leonesa donde se camufló Correa- como la mejor de las que se presentaron al concurso público convocado para instalar más de 40 pantallas y equipos de sonido por el recorrido que hizo Benedicto XVI por Valencia. Teconsa no tenía experiencia previa y falseó su currículum, ni la dirección jurídica ni la económica comprobaron la veracidad de esas informaciones.
LUIS SABATER, ex técnico de RTVV imputado en el caso Gürtel
Luis Sabater era el responsable técnico en ese momento. «Mi responsabilidad era la parte técnica, que los equipos no fallaran, es decir, que todo en la televisión funcionara». Sabater está imputado porque se le atribuye «un informe técnico, que no hice, y que a posterioridad firmé -así está declarado en todas las jurisdicciones por las que ha pasado este asunto- por orden de un señor, responsable del departamento económico (Ricardo Calatayud), y que motivó la adjudicación a Teconsa de las pantallas».
Sabater ha contado por primera vez a EL MUNDO todo lo que ya ha dicho en los últimos años a jueces y fiscales: «En febrero de 2006 me llama Pedro García -ex director general de RTVV imputado en esta pieza- y fui a la Conselleria de Agricultura donde tuvimos una reunión con Juan Cotino -entonces conseller y que ha sido recientemente imputado por estos hechos. El cauce del río se iba a llenar de peregrinos y recuerdo que Cotino planteó que se necesitaban unas 30 pantallas, yo dije que la tecnología tenía que ser LED porque era verano y había que evitar brillos, nada más. Cotino se giró a Pedro y le dijo 'te ha tocado'».
En Canal 9 los técnicos se ilusionaron con el encargo porque «era una reto técnico». «Nosotros en RTVV lo que necesitábamos era cámaras, operadores o unidades móviles. El asunto de las pantallas fue propuesto por Cotino», que a medida que se acercaba el evento fue pidiendo más hasta superar las 40. En todo momento Álvaro Pérez El Bigotes, según el sumario, se presentaba como el «representante institucional» para estas cuestiones. «En ese momento los técnicos asumimos el papel de solucionar los problemas que los políticos nos planteaban. En ese caso fue Cotino pero podría haber sido otro. Él tenía un cargo mayor al mío, y asumes el papel de 'a sus órdenes'; y no te planteas el papel en el que pudo venir Cotino o Miguel Torroja -el productor de Gürtel para la visita del Papa, según el sumario-».
La investigación de la Udef y la Agencia Tributaria dibuja a la perfección el circuito financiero que siguió el dinero. RTVV pagó por las pantallas 7,4 millones (con IVA), pero sólo costaron 3, según estimaciones de los técnicos. El sobrante se habría empleado para el pago de comisiones: 500.000 euros habrían ido al bolsillo de Pedro García a través de empresas familiares.
Las presiones
Sabater declaró ante el juez Ruz en julio de 2012. Cuatro días antes de testificar recibió una llamada de RTVV. "Me llamaron y me dijeron que tenían un sobre para mí que me ayudaría en la declaración. No sé qué contenía, a la persona que me lo dijo la mandé a la mierda. Ojalá me lo hubiera quedado y se lo hubiera entregado al juez Ruz. No lo hice. Un fallo, otro fallo", cuenta.
Él no recibió un duro de Gürtel ni conocía las intenciones de la banda. «Vi la cantidad, sabía el precio de mercado, y dije: ¡esto es el doble! Así lo expuse en RTVV y me contestaron 'son órdenes superiores'». Era 2006, Valencia vivía días gloriosos a la sombra de la cultura del pelotazo y no denunció. «El día que se celebró la mesa de contratación yo huí del despacho y de lo que me arrepiento es de no haber ido a un notario para que diera fe de lo ocurrido y después denunciar. Nunca te esperas que vaya acabar así».
Desde que está imputado Sabater ha colaborado con la Policía y Fiscalía, y sigue confiando en la justicia. Ha entregado informes y propuesto pruebas e interrogatorios para cubrir los huecos de la investigación. Admira a la Udef, a la que Cotino ha demandado, por su precisión. «Ahora te das cuenta de cómo jugaron con el dinero público. Los técnicos hemos sido y somos manipulados. Esa es la realidad».
A LAS DOS menos cuarto de la tarde de ayer hablé con Rosalía Iglesias, esposa de Luis Bárcenas. «No tengo palabras. Soy muy feliz. Acabo de hablar con Luis y está muy contento». Me pide que avise a Javier Gómez de Liaño y a María Dolores Vázquez Prado porque ella les llama y no cogen el móvil. «No lo conocen porque es de una amiga». Con el teléfono cortado, por falta de pago, ha ingresado unos 70 euros en correos y todavía no le han puesto el aparato en marcha. Entonces le pregunto: «¿Cómo vas a reunir los 200.000 euros de la fianza?». Rosalía me informa de que están intentando lograr dinero de una casa de su suegra que está en venta, pero lo ve crudo. «Recurriremos a amigos. Ya sabes lo que son estas cosas, tenemos personas que nos echarían una mano, pero a la hora de la verdad se arrugan porque no quieren verse señalados».
Rosalía Iglesias, la mujer brava, la garganta de seda, junto al Tercer Hombre me llevó como Beatriz por los oscuros laberintos de Génova en julio de 2009, cuando aún decía su marido: «Si tienen cojones que me cesen». Rosalía aguantó la desbandada de sus compañeros de 30 años en el partido. Estaba convencida entonces de que si caía Luís, caería Mariano.
Mariano no cayó, ni su Gobierno tampoco, y ahora el horizonte está despejado para el Ejecutivo porque es muy posible que el juicio no se celebre hasta 2016 o 2017; en todo caso, según fuentes solventes, será un pleito muy largo y aunque empiece a final de este año, o inmediatamente después de las elecciones generales, el caso llegará a la opinión pública desactivado políticamente. La vista durará meses y meses; se sentarán en el banquillo 45 personas, sólo el fiscal llamará a 87 testigos y otros tantos los abogados defensores, y sí que entonces los jueces tendrán en cuenta que el derecho sin pruebas no existe, y que hacerse millonario no es delito si no se hallan los indicios de acciones contrarias a la Ley. Ya reconocen los jueces la existencia de «ingentes cantidades dinerarias» fuera del alcance de los Tribunales. El exsenador y extesorero del Partido Popular ya se ha chupado 19 meses de chabolo, con lo que su condena nunca será de 40 años como ha pedido la Fiscalía, sino más leve. «No se puede pedir tanta pena por un delito fiscal como por una bomba en Hipercor», dice un jurista.
La Audiencia Nacional admitió parcialmente el recurso del abogado defensor, cuando había dejado de serlo, después de que expusiera ante la sala que el riesgo de fuga era abstracto, evanescente e imaginario. Se estaban pisando los derechos constitucionales sobre la prisión preventiva.
Para mí el misterio continúa, porque me dijeron desde el entorno de Bárcenas que siguen existiendo mochilas con vídeos, talones y recibís, correos electrónicos, SMS, un saco de dormir, un piolet y otras grabaciones hechas en Génova, en manos de tres amigos incondicionales.
Nunca olvidaré una de las frases del extesorero: «Yo recibía las donaciones siempre con testigos».
Por ejemplo, Esperanza Aguirre, cuyo discurso público siempre hace gala del liberalismo y la no injerencia de los poderes públicos y las administraciones en la actividad económica, presionaba al entonces presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en un correo enviado en 2006 diciendo que "necesito urgentemente que mañana a primera hora firmes la oferta conjunta con Telemadrid, tal como quedamos, para que Calderón (presidente entonces del Real Madrid) la tenga antes del mediodía. No hay que añadir o cambiar nada, tan sólo tu firma junto a la de Soriano".
Fue imputada el 24 de julio de 2014, antes había comparecido como testigo. «El primer día que declaré conocí las irregularidades», admite. La prueba contra ella es un mail que empieza así: «Según indicaciones de Patricia Callaghan adjunto te remito el presupuesto para la realización del vídeo de residuos (...) Disculpa la demora». Fin.