Vivimos una emergencia nacional. La extensión de los casos y sospechas de corrupción en las principales instituciones del Estado y en los partidos políticos de gobierno y oposición, han convertido la profunda crisis política y económica en una crisis de confianza en el sistema democrático.
Nuestra democracia ha degenerado, alejando a las instituciones, y especialmente a los viejos partidos políticos, de los ciudadanos y de sus problemas. Urge devolver la política a los ciudadanos, sus legítimos dueños, y restaurar la confianza en el buen funcionamiento del Estado. Porque la regeneración democrática no es sino que las instituciones políticas funcionen y cumplan su obligación constitucional.
Para conseguirlo encontramos imprescindible:
1 – Aprobar de modo inmediato Leyes eficaces contra la corrupción para acabar con la impunidad de los responsables, y en concreto para:
- a) la inelegibilidad de las personas acusadas por delitos de corrupción política.
b) el delito de financiación ilegal de los partidos políticos.
c) el delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos.
d) el delito de omisión o falsedad de la contabilidad y patrimonio social de los partidos políticos y de los cargos públicos.
e) reforzar la exigencia de responsabilidad por mala gestión a los cargos públicos al frente de sociedades o entes públicos.
f) limitar la discrecionalidad de los indultos otorgados por el Gobierno, excluyendo a los condenados por delitos de corrupción.
3 – Aprobar una Ley de Transparencia exigente que incluya a la Casa Real, a los partidos políticos y sindicatos, y a cualquier institución que reciba ayudas públicas, obligando a dar información detallada y actual de su contabilidad y actividades, sin ampararse en el silencio administrativo o la justificación de la petición de información, y que regule la actividad de grupos de influencia o lobbys.
4 – Implantar una auténtica justicia independiente, acabando con el reparto del CGPJ entre las asociaciones de magistrados dependientes de PP y PSOE u otros partidos, y dotando a la administración de justicia de medios humanos y materiales suficientes.
5 – Aprobar una Ley Electoral justa y proporcional que favorezca la representación del pluralismo político existente, permitiendo la participación política real de todos los ciudadanos.
6 – Reformar la Constitución para que recoja las propuestas ciudadanas y resuelva el modelo territorial del Estado con el reparto de competencias y su financiación, mejore la separación de poderes, y asegure el derecho a la participación política, la igualdad jurídica y de oportunidades y las libertades personales.
Consideramos que todas estas medidas son imprescindibles para regenerar la democracia y restaurar la confianza ciudadana. Porque sin ellas no será posible superar con equidad la crisis económica, impulsar políticas activas de empleo y de creación de empresas, invertir lo necesario en educación e investigación, mantener y mejorar la sanidad pública y las pensiones, resolver el problema de los desahucios o la carencia de una política energética racional.
Son necesarias para racionalizar las administraciones públicas y suprimir el despilfarro en duplicidades y entes superfluos que se reparten los viejos partidos, o conseguir la regulación legal y transparente de las retribuciones a cargos públicos. También para restaurar la igualdad de los ciudadanos, acabando con los privilegios y con la discriminación por razones territoriales y lingüísticas, o para eliminar las trabas a la movilidad laboral, la apertura de empresas y el mercado único que lastran nuestra economía. Sin devolver España a los españoles tampoco tendremos una implicación más activa en la necesaria integración política, fiscal y económica de la Unión Europea.
Insistir en fórmulas inmovilistas o ya fracasadas para preservar la vieja política viciada que nos ha llevado a esta crisis no hará otra cosa que alejar a los ciudadanos de la política y aumentar la frustración, la indignación y la desesperanza, poniendo en peligro al propio sistema democrático.
Pedimos un Pacto de Legislatura en el que los principales partidos parlamentarios se comprometan públicamente a aprobar por vía de urgencia estas reformas legales y a modificar la Ley Electoral para, a continuación, proceder a la convocatoria de Elecciones Generales para abrir un periodo constituyente que ponga nuestra democracia a la altura de las exigencias del siglo XXI y permita la refundación del Estado según los procedimientos democráticos y con el protagonismo ciudadano.
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