LOS NEGOCIOS DE JUAN CARLOS I: TREINTA AÑOS A CUERPO DE REY
LOS NEGOCIOS DE JUAN CARLOS I: TREINTA AÑOS A CUERPO DE REY
Juan Carlos I defiende en Londres que él "representa al Estado" y Corinna que "sólo le quedan honores"
El Rey Emérito invoca su inmunidad porque su condición "no significa que haya sido relegado" en la Casa Real
ESTEBAN URREIZTIETA
La empresaria alemana Corinna Larsen ha presentado un dictamen jurídico ante la justicia británica para defender que Juan Carlos I carece de inmunidad alguna y que, por lo tanto, debe ser investigado por acosarla durante los últimos años para que, entre otras cuestiones, le devolviera los 65 millones de euros que le transfirió procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí.
La ex amiga íntima del Rey Emérito ha entregado al Tribunal Superior de Londres un informe, a cuyo contenido ha tenido acceso EL MUNDO, que ha sido elaborado por el letrado y ex magistrado español José Antonio Choclán. En el mismo niega que Don Juan Carlos pueda ampararse en algún tipo de protección legal para no responder ante la justicia británica por la demanda que le ha interpuesto, en la que arguye que el monarca emérito llegó a recurrir a los servicios secretos españoles para poner en riesgo su integridad física y la de su familia.
El dictamen jurídico de Larsen subraya que "la ley española establece que los jefes de Estado pierden su inmunidad para ser procesados por sus actos privados cuando abandonan sus funciones". En este sentido, recuerda el penalista Choclán que el monarca "era inviolable ante los tribunales españoles durante su reinado, pero perdió dicha condición el 19 de junio de 2014" cuando abdicó del trono y dejó paso al reinado de Felipe de Borbón.
Es más, el letrado recalca que Don Juan Carlos "no recibe ninguna asignación económica de la Casa Real por expresa decisión del Rey Felipe VI desde el 15 de marzo de 2020", fecha en la que su hijo le reprobó públicamente por haber mantenido una fortuna oculta en paraísos fiscales durante los últimos años.
Asimismo, el abogado de Larsen recuerda que el Emérito, desde junio de 2019, no participa en ningún acto público y que "el poder del Rey de España está regulado en la Constitución" sin que exista "ninguna otra normativa legal que lo haga tras su abdicación".
Un pasaporte diplomático
En cuanto a la pertenencia a la Familia Real, extremo que esgrime la defensa de Don Juan Carlos para defender la posición contraria, el dictamen de Corinna Larsen arguye que dicha pertenencia se justifica simplemente por su condición de padre del Rey Felipe VI. Admite a su vez que cuenta con un pasaporte diplomático, "como ocurre con otros miembros de la Familia Real", así como el título de Rey Emérito, "únicamente de forma honorífica".
José Antonio Choclán resalta que la única excepción legal de la que disfruta el monarca es del "aforamiento" ante la Sala de lo Penal el Tribunal Supremo español, lo cual viene a ratificar, a juicio de la defensa de Larsen, que carece de la inmunidad a la que ahora apela.
En definitiva, el informe jurídico en el que se apoya la empresaria alemana mantiene que Don Juan Carlos dispone a día de hoy de "honores", pero carece de "poderes constitucionales o de cualquier prerrogativa legal".
Por su parte, el monarca, apoyado por un dictamen jurídico de Bernardo del Rosal, al que también ha tenido acceso este periódico, afirma que sí goza de inmunidad y que la concesión del aforamiento ante el Supremo significa, por ejemplo, que "no goza del mismo tratamiento ante la justicia española que un ciudadano cualquiera". Del Rosal también rebate que la condición de Rey Emérito sea un mero reconocimiento honorífico: "Es obvio que va a seguir representando a la Corona o al Estado, como ha ocurrido en numerosas ocasiones".
Un "miembro activo"
"Los cambios introducidos en las leyes como consecuencia de la abdicación no se reducen a una cuestión honorífica", sostiene el abogado. "Tienen un sentido mucho más profundo y trascendente porque le dan cobertura legal y un estatus de activo miembro de la Familia Real. El diseño de su nueva posición, por una parte, iguala su estatus al de otros miembros de la Familia Real, excluyendo obviamente a Felipe VI, y le permiten tener concreto rol oficial y unas funciones representativas".
"Que sea denominado Rey Emérito no significa que haya sido relegado a un rol inactivo", recalca, y añade que "hasta que se retiró de la vida pública en junio de 2019 a los 81 años era un miembro muy activo de la Familia Real española".
Pese a tener asesoramiento legal en España, Don Juan Carlos y su ex amiga íntima Corinna Larsen están siendo también asistidos en este proceso por reconocidos letrados ingleses. En el caso del Rey, por Daniel Bethlehem y Philippa Webb, que recalcan que el monarca "no está por encima de la ley pero sólo responde ante el Supremo español".
Al mismo tiempo esgrimen que las cortes inglesas carecen de jurisdicción sobre la demanda interpuesta por su ex amante y aluden a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 o a la Ley Británica sobre Inmunidad para argumentar que el Rey Emérito "es inmune ante la jurisdicción del Reino Unido".
Los 65 millones
Por su parte, la alemana está representada por abogados como James Lewis, que defiende que su clienta viene siendo sometida a un proceso de "acoso" desde 2012 y señala como uno de los máximos responsables del mismo al ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán.
El punto de inflexión de esta operación contra ella se sitúa, siempre según su relato, cuando Don Juan Carlos le exigió el reintegro de los 65 millones de euros que le había transferido previamente. Corinna sostiene que esos fondos, que le fueron donados al Emérito por la monarquía de Arabia Saudí, fueron un regalo por "amor" y, añade, que su rechazo a devolver esa fortuna provocó que el CNI la amenazara drásticamente.
Por último, el juez Matthew Nicklin, que ha presidido durante los últimos días la vista celebrada en la capital británica, deberá adoptar una decisión en torno a la inmunidad del ex jefe del Estado español durante los próximos días. De su posición depende que continúe abierto el procedimiento judicial instado por Larsen, en el que reclama que se le compense el daño económico que se le ha causado y que se le imponga a Juan Carlos de Borbón una orden de alejamiento sobre ella.