EL JUEZ GARZON O LA JUSTICIA AL SERVICIO DEL PSOE

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Expandir vista Revisión de tema: EL JUEZ GARZON O LA JUSTICIA AL SERVICIO DEL PSOE

EL JUEZ GARZON O LA JUSTICIA AL SERVICIO DEL PSOE

Mensaje por Invitado » Lun 02 Sep, 2019 2:41 pm

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Garzón cobró 1,85 millones por asesorar a un general chavista

El magnate «boliburgués» que hizo los pagos recibió en paralelo 123 millones de Pdvsa. Querían evitar la extradicción por narcotráfico a EE.UU del exjefe de Inteligencia chavista Hugo Carvajal

Ilocad S.L., el despacho del exjuez Baltasar Garzón, facturó a la sociedad panameña Maroil Trading 1.850.000 euros durante la segunda mitad del año 2016, según los documentos a los que ha tenido acceso ABC. La mercantil es una de las empresas del venezolano Wilmer Ruperti, magnate del transporte marítimo y de los medios de comunicación y un destacado «boliburgués», los empresarios que hicieron o incrementaron su fortuna con el chavismo.

Lo llamativo de estos pagos es que responden a un contrato cuyo objeto es elaborar «un informe independiente sobre el origen, desarrollo, consistencia (…) sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan a quien fuera director de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal». Estados Unidos reclamaba al general retirado Hugo Carvajal (ver información adjunta) por narcotráfico, entre otros delitos. Actualmente, el exjefe de la inteligencia chavista, que renunció a Maduro y apostó por Guaidó, se encuentra detenido en Madrid, a la espera de que se resuelva la petición de Estados Unidos.
La firma del contrato

El contrato fue suscrito el 17 de junio de 2016 por el propio Wilmer Ruperti, en representación de Maroil Trading Inc., y, el número dos de Garzón, Ricardo Arranz, director de Oficina y responsable del área Civil y Mercantil de Ilocad (International Legal Office for Cooperation & Development).

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La «hoja de encargo de servicios jurídicos» no consistía en que Garzón o alguien de su equipo se convirtiera en abogado de Carvajal, sino en diseñar la estrategia de su defensa. El contrato se dividía en cinco bloques que suman 2,95 millones de euros. Solo tres meses después, en septiembre, cuando ya se habían realizado los primeros pagos, la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, anunció que adjudicaba a la misma empresa, Maroil Trading Inc, un contrato de 138 millones de dólares, unos 123 millones de euros al cambio actual.

Según la información que publicó Reuters, la adjudicación era para «remover una gran cantidad de coque de petróleo ubicado en uno de sus terminales» (de Pdvsa). «El coque, un producto que resulta de mejorar el crudo pesado de la Faja del Orinoco, se ha acumulado rápidamente en el terminal, ubicado en la costa oriental venezolana, desde que un incendio en el 2009 obligó a detener sus exportaciones», añadía la agencia.

De este modo, en el mismo tiempo –y en plena crisis venezolana– que una empresa de Wilmer Ruperti recibía un contrato millonario de la petrolera estatal, esa misma compañía pagaba a Garzón la estrategia de defensa del exjefe del espionaje chavista.

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Como desveló ABC en agosto de 2016, el contrato que ahora publicamos lo negociaron personalmente Garzón y el general Hugo Carvajal a finales de julio de ese año. El exmagistrado viajó a Isla Margarita (Venezuela) para encontrarse con el general chavista, al que Estados Unidos identificaba como uno de los líderes del Cartel de los Soles, el grupo de narcos controlado por el Ejército chavista.

De hecho, Carvajal ya había sido detenido en 2014 por esta reclamación en la isla caribeña de Aruba, de soberanía holandesa, pero cedieron a las presiones que Caracas y pudo escapar.

Según las fuentes consultadas por ABC, el informe de Garzón debía cuestionar los métodos de la DEA y la justicia estadounidense para actuar en estos procesos de narcotráfico, de ahí que el trabajo de Garzón también fuera aplicable al caso de los sobrinos de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Efraín Campo Flores y Franqui Francisco Flores de Freitas fueron detenidos en Haití por narcotráfico el 10 de noviembre de 2015 en una operación de la agencia antidroga estadounidense. Una corte federal de Nueva York los condenó en el año 2017 a 18 años de cárcel por intentar introducir en Estados Unidos 800 kilogramos de cocaína suministrados por las FARC, la narcoguerrilla colombiana. Además, Ruperti reconoció haber pagado al bufete estadounidense que asumió la defensa de los «narcosobrinos».

En cuanto a la «hoja de encargo de servicios jurídicos» liderados por Baltasar Garzón a cambio de casi tres millones de euros, la partida más lucrativa, 1,7 millones, corresponde a la «investigación y elaboración de Informe Independiente». Le sigue la «conformación de Equipo de Trabajo», cifrada en medio millón de euros. Ilocad también cobraría un fondo para gastos que asciende a 250.000 euros; otros 300.000 eruos –en este caso anuales- por llevar la «estrategia de comunicación»; y 200.000 más por «servicios de Inteligencia e Investigación».

El contrato estipula que «el equipo de trabajo será elegido y formado por Ilocad, a cuyo frente estará su Director», es decir, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Según los documentos consultados por este diario, las cantidades finalmente satisfechas ascendieron a al menos 1.850.000 euros de los casi tres millones presupuestados. La primera factura girada por Ilocad a Maroil Trading data del 20 de junio de 2016 y asciende a 500.000 euros para «formación grupo de trabajo y actividades y fondo de desplazamiento». El 30 de agosto de ese año Ilocad emitió dos facturas más: 1.025.000 euros divididos en «formación grupo trabajo, elaboración informe y estrategia comunicación» y otros 250.000para «formación grupo de trabajo y actividades y fondo de desplazamiento». Por último, el 1 de diciembre de 2016 el bufete de Garzón facturó 75.000 euros, que correspondían a un trimestre de «estrategia de comunicación».

La respuesta de Garzón

Fuentes oficiales del despacho de Baltasar Garzón consultadas por ABC se han remitido a un comunicado del año 2016 en el que reconocían que el exmagistrado «coordina un equipo multidisciplinar (...) para la elaboración de un informe (...) sobre las investigaciones abiertas en Estados Unidos de los casos que afectan entre otros a Hugo Carvajal». Añaden que no pueden dar ninguna información más «debido al deber de confidencialidad».

Garzón fundó Ilocad en junio del año 2012. Desde ese día y hasta finales de 2017, el último depósito contable disponible, el exjuez ha facturado con su empresa más de 14,3 millones de euros. Sus ingresos se comenzaron a disparar precisamente en el año 2016, cuando recibió los pagos de Ruperti por Carvajal, hasta facturar 3.495.061 euros. En 2017 la cifra de negocio alcanzó los 5,4 millones de euros.

Mensaje por ARRASTRARA SABINA A SU... » Jue 09 Jul, 2015 9:29 am

''INTIMO''AMIGO AL ''DIOS'' DE GALAPAGAR.? PORQUE SI SABINSA PUEDE
INCLUIR AL ''DIOS'' JOSE TOMAS,SOLO 1 ''DIOS'' COMO EL DE GALAPAGAR
HARA EL ''MILAGRO'' QUE NECESITE EL ''JUEZ ESTRELLA.'' POR CIERTO, TAN OCUPADO ESTA GARZON QUE SE HA OLVIDADO DE SU CLIENTE ASSANGE.?
Assia

Mensaje por Invitado » Mié 08 Jul, 2015 10:22 pm



Otra Vuelta de Tuerka - Pablo Iglesias con Baltasar Garzón

Mensaje por Justicia Universal S.A. » Lun 11 May, 2015 10:20 pm

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de la ONG al negocio
Garzón deriva a su despacho clientes que capta con su fundación sin ánimo de lucro

El bufete del exjuez cobra 56.000 euros sólo por estudiar un caso: el 2013 facturó 2,5 millones de euros

Baltasar Garzón maneja dos entidades jurídicas con distinta finalidad: la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) -sin ánimo de lucro, como exige la ley para toda fundación- y su despacho profesional, Ilocad S.L., una empresa que, logicamente, gana dinero con sus gestiones. Pero, según ha podido comprobar ABC, la fundación está sirviendo como reclamo para ciudadanos de varios países que contactan con Fibgar y son derivados a Ilocad, sociedad de la que el exjuez de la Audiencia Nacional es administrador único. Su hija, María Garzón, es apoderada de la sociedad y directora general de Fibgar.

Jesús Linares, un abogado peruano que lleva 35 años denunciando una «persecución» de las autoridades de su país, evidencia estos intereses cruzados. El pasado marzo se puso en contacto con Fibgar «para buscar auxilio», relata a este diario. En 1985 el recién elegido presidente Alan García expropió a la familia de Linares un edifico en Lima «sin compensación ninguna» y, «pese a que la justicia nos dio la razón, no lo han devuelto, nos han perseguido y varios jueces y congresistas nos han exigido sobornos para solucionar el caso», relata.

Jesús Linares sostiene que «un abogado de la fundación nos dijo con toda sinceridad y franqueza que era imposible que nos atendieran de una manera graciosa, que teníamos que hacer una donación, un porcentaje».

Si hay diez millones, hay caso

Entonces, el abogado peruano se mostró dispuesto a entregar a la Fundación Internacional Baltasar Garzón un 20 por ciento del valor estimado del edificio, dos torres de oficinas ahora abandonadas, «si nos ayudaban a recuperarlas». En las negociaciones contactó con María Garzón, quien, según el primer correo electrónico que intercambiaron -comunicaciones puestas a disposición de ABC-, le envió un número de cuenta de Bankia para que ingresara el dinero, «diez millones de dólares». Pero Linares dijo que daría esos fondos una vez recuperada la propiedad del inmueble. «Nada hay gratis», me dijo María Garzón, sostiene.


«Al negarme, trasladaron el caso al despacho del señor Garzón y me exigieron 56.000 euros por adelantado para estudiar la situación, antes de ejercitar cualquier tipo de acción», continúa el letrado peruano.

La hoja de encargo que le remitió Ilocad y que ABC reproduce sobre estas páginas refleja que el despacho de Garzón, que en 2013, el último ejercicio depositado en el Registro Mercantil, facturó 2,5 millones de euros, cobra 6.000 euros por un «estudio de antecedentes» y 50.000 por el «estudio de viablidad». El despacho del exjuez especifica que después de estas fases «el ciente decidirá el ejercicio de acciones legales (...) no comprendidas en estos honorarios». El ciudadano peruano denuncia que Garzón «Ha sorprendido al Estado español pidiendo licencia para una fundación que en teoría se dedica a luchar por los derechos humanos y luchar contra la corrupción pero la utilizan para derivar clientes a su despacho y eso es una falta ética evidente».

Linares, que ha aportado pruebas de las «coimas» -sobornos- que le han exigido varias autoridades de su país, acudió a la Fibgar, fundación pro derechos humanos y justicia universal, «como muchos desesperados, creyendo que Garzón es una persona sensible, pero al final se aprovecha de las necesidades, de nuestro sufrimiento».

«Se les facilita el contacto con el despacho»

ABC se puso en contacto con la fundación Fibgar y con el despacho Ilocad para que un responsable aclarara la relación existente entre la entidad sin ánimo de lucro y el negocio privado. Un portavoz oficial respondió por escrito que «hay muchas personas que llaman a la Fundación preguntando por Baltasar Garzón y diciendo que desean que estudie su caso o problema. La Fundación como tal no lleva casos particulares y así se explica. Hay personas que insisten en contactar con Baltasar Garzón como abogado y se les puede facilitar la información del teléfono o correo electrónico. Fibgar lleva casos de otro tipo como la denuncia contra Boko Haram presentada en su día ante la Audiencia Nacional».

Mensaje por Invitado » Mié 28 Ene, 2015 7:44 pm

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En representación de afectados
Garzón reclama al Gobierno más de 3.000 millones de euros por la guerra civil

En un comunicado, el bufete de abogados del exjuez informa de que ha presentado la reclamación ante el Consejo de Ministros, firmada por Garzón.

El abogado Baltasar Garzón ha reclamado en nombre de un colectivo de afectados la devolución del dinero republicano incautado durante la guerra civil por Francisco Franco, que, según sus cálculos, equivaldría hoy a más de tres mil millones de euros.

En un comunicado, el bufete de abogados del exjuez, ILOCAD, informa de que ha presentado la reclamación ante el Consejo de Ministros, firmada por Baltasar Garzón, con la colaboración del despacho Amparo Legal, en representación de un grupo de perjudicados por el decreto ley de 12 de noviembre de 1936.

Los demandantes están agrupados en la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF) y reclaman que se soluciones su contencioso porque la ley de memoria histórica les dejó fuera.

La demanda explica que dicho decreto motivó que el Banco de España declarase sin validez alguna los billetes (entonces de pesetas) hasta ese momento en curso legal que se hubieran puesto en circulación con posterioridad al 18 de julio de 1936, fecha del alzamiento nacional. Añade que para que los billetes emitidos con anterioridad fueran considerados legítimos tendrían que estar estampillados con los requisitos legales correspondientes.

El escrito firmado por Garzón se entregó el pasado lunes mediante reclamación administrativa individualizada de responsabilidad patrimonial del Estado legislador al amparo del artículo 106.2 de la Constitución y del 139 al 146 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Su objetivo es que el Estado haga efectiva la indemnización que corresponda al valor del papel moneda de la titularidad de los perjudicados. A juicio del despacho de Baltasar Garzón "la estrategia, desde el punto de vista de arma de guerra, pretendía introducir un sistema de pagos que rompiera con la República y que forzara los precios y la velocidad monetaria en la zona enemiga".

Mensaje por Invitado » Mar 30 Dic, 2014 10:58 pm

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El fiscal pide coherencia a Varela en el caso Garzón

Recuerda al magistrado del Supremo la doctrina que defendió en el caso Atutxa


La Fiscalía del Tribunal Supremo informó ayer en contra de que se abra juicio oral contra el juez Baltasar Garzón. Y lo hizo por dos razones. La primera, porque no considera que cometiera delito por haber abierto la primera causa penal por los crímenes franquistas y, la segunda, porque, en su opinión, las acusaciones populares "carecen de legitimación procesal" para sentar en el banquillo al juez de la Audiencia Nacional.

En un escrito de siete páginas, que dedica casi en exclusiva a defender la doctrina Botín, el fiscal expone los argumentos que el propio Luciano Varela, instructor del proceso contra Garzón por los crímenes franquistas, esgrimió en el voto con el que discrepó de la sentencia del caso Atutxa, que matizó lo acordado por la Sala Segunda del Supremo cuando libró del banquillo al presidente de Banco Santander.

Falange y Manos Limpias reescriben sus escritos de acusación

El ministerio público explica que la legitimidad de las acusaciones populares para abrir juicio oral, cuando no acusa el fiscal, es "doctrinal y jurisprudencialmente discutida". Se basa en las dos últimas resoluciones dictadas por el Supremo al respecto: la del caso Botín y la del caso Atutxa. En esta última, se entendió legitimado al autodenominado sindicato de funcionarios Manos Limpias para que el ex presidente de la Cámara vasca Juan María Atutxa fuera juzgado por un delito de desobediencia al alto tribunal por no disolver el grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna.

La fiscalía insiste, como decía el Supremo en la doctrina Botín y Varela en su voto particular a la de Atutxa, que el legislador quiso excluir a la acusación popular "de la capacidad de provocar, por sí misma y en solitario, la apertura de juicio oral en un procedimiento de las características del abreviado", que es precisamente con el que se intenta juzgar al juez Garzón por haber querido investigar los crímenes franquistas. Sólo le acusan Manos Limpias, Libertad e Identidad (asociación también de corte ultraconservador) y Falange Española de las JONS.

Varela ha seguido adelante con el procedimiento y se espera que abra juicio oral la próxima semana, después de que ayer tanto Manos Limpias como Falange intentaran depurar de sus escritos de acusación todos los puntos sobre los que el martes el instructor les puso objeciones.

El fiscal apela alprincipio de igualdadpara evitar el juicio al magistrado

Por eso, entre los argumentos de la fiscalía se incluyen los que utilizó el propio Varela para su discrepancia con la sentencia del caso Atutxa, resolución que se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional al entender que se vulneró el principio de igualdad.

El magistrado recordaba entonces que "tal derecho constitucional protege fundamentalmente frente a las divergencias arbitrarias de trato en resoluciones judiciales, evitando el capricho, el favoritismo o la arbitrariedad del órgano judicial, impidiendo que no se trate a los justiciables por igual y se discrimine por ellos".

El Supremo entendió que si el perjudicado directo del delito imputado a Botín no lo acusaba, no lo podían sentar en el banquillo las acusaciones populares. En el caso Atutxa, al no existir un perjudicado directo, la acción popular sí estaba legitimada para acusar.

Mensaje por Invitado » Vie 10 Oct, 2014 9:55 pm

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Baltasar Garzón: «Hay una justicia de primera, de segunda y de tercera categoría»

Baltasar Garzón (Torres, Jaén. 1955) es uno de esos personajes que no necesita presentación. Veintiséis años de juez en la Audiencia Nacional desde donde alcanzó fama mundial con los procesos contra Pinochet o Berlusconi. Previamente, abanderó la lucha contra el terrorismo de Estado de los GAL, inició los macroprocesos contra el tráfico de drogas y es, probablemente, la persona que más ha hecho para acabar con ETA, de la que dijo que no eran solo sus comandos, sino también sus estructuras alegales o paralegales. Cerró el diario Egin y descabezó sucesivamente todas las cúpulas de Herri Batasuna. Fue elegido diputado en las listas del PSOE y abandonó su escaño por la falta de compromiso de Felipe González contra la corrupción. En 2002, fue propuesto para Nobel de la Paz y, en 2009, designado uno de los cien personajes más influyentes del mundo por la prestigiosa revista Foreing Policy. En 2012, fue expulsado de la judicatura al ser condenado por prevaricación, en el marco de la operación Gürtel, la red de corrupción vinculada al PP.

Hace ya más de dos años que el Supremo le expulsó de la carrera judicial. ¿Cómo está ahora?

Estoy bien. Dolido porque se llevó a cabo una acción manifiestamente injusta. No está uno cómodo cuando le expulsan de la profesión que ha sido su vida. El Supremo consideró que la interceptación de las comunicaciones en prisión entre los cabecillas de la trama y sus abogados no podía hacerse. Pero yo siempre defendí que se trataba de impedir la comisión de nuevos delitos y que el derecho de defensa quedaba salvaguardado. Por lo demás, estoy bien, mi vida sigue en torno a la justicia, trabajando como abogado, por los derechos humanos y defendiendo los mismos valores que defendía.

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Salvados Garzon

Mensaje por Invitado » Lun 02 Jun, 2014 11:01 pm



Salvados - "En la justicia universal han primado intereses económicos, políticos y diplomáticos"
Cuando se habla de la conexión entre política y justicia, a veces esa conexión viene dada por la modificación de una ley. Recientemente se ha modificado una ley, la que hacía referencia a la justicia universal. 'Salvados' entrevista a Aitor Martínez, abogado especialista en jurisdicción universal, que explica los intereses diplomáticos y económicos que esconde la reforma de la Ley de Justicia Universal y que corrobora el exmagistrado Baltasar Garzón.

Mensaje por Garzon & Rios » Vie 16 May, 2014 9:22 pm

Vuestro impulso nos hará seres eléctricos




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Mensaje por Invitado » Vie 16 May, 2014 9:17 pm

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Garzón prepara su 'partido' con Sabina, Miguel Ríos, Mayor Zaragoza y Sopena


Se unieron para hablar de política, pero sin participar en ella. Al menos de momento. Sin embargo, desde que Baltasar Garzón presentara en julio Convocatoria Cívica, el nombre de esta plataforma que no pretende ser ni un partido político ni una plataforma electoral, ya son más de 9.000 personas las que se han sumado en los últimos meses a formar parte de esta lista. Entre los nombres más folclóricos destacan el cantautor Joaquín Sabina, la cineasta Isabel Coixet; el poeta Luis García Montero, la escritora Almudena Grandes o el músico Miguel Ríos.

El juez también ha convencido a Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco; Pilar González, ex secretaria general del Partido Andalucista; Antonio Gutiérrez, ex sindicalista y político, al diputado Gaspar Llamazares y a los europarlamentarios Vicent Garcés Ramon y Dolores García Hierro. Sobresale también la cartera de juristas (Carlos Jiménez Villarejo, José Antonio Martín Pallín), catedráticos (José Luis Arceo, Juan Manuel Faramiñán Gilbert, María Dolores Amorós) y economistas (Carlos Berzosa, Juan Francisco Martín Seco, Angels Castells, Juan Torres y Lina Gálvez). Todos se han unido para la “construcción de una alternativa política y social basada en los principios de igualdad real, participación, diversidad, pluralidad y defensa de los derechos humanos”.

En la lista de Garzón hay muchos periodistas: Teresa Aranguren, Montserrat Armengou, Rosa María Artal, Carlos enrique Bayo, Rosa María Calaf, Nieves Concostrina, Luis de Benito, Luis Miguel del Barrio, Pilar del Río, Jesús Maraña, Ignacio Ramonet y Enric Sopena, entre otros. Están también el sacerdote Javier Baeza; el sindicalista Rodolfo Benito y el historiador Julián Casanova, entre otros muchos otros.

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Pese a que todos se han unido para intentar cambiar las formas de hacer política en España, no es oro todo lo que reluce en Convocatoria Cívica. El 14 de febrero se hizo la asamblea de constitución y una comisión para redactar y proponer el ideario de la misma y tomar las iniciativas para su puesta en marcha. Entonces se dejó muy claro que se unían para constituir una asociación cívica que sirviese como punto de encuentro entre distintas fuerzas progresistas con el objetivo de buscar sinergias, generar ideas y trabajar por la unión de movimientos y partidos.

Todo funcionó correctamente hasta que llegó la hora de designar a los coordinadores regionales y provinciales: los fundadores del movimiento ya los tenían elegidos de antemano. Una parte importante de los miembros de Convocatoria Cívica peleó para elegir a los máximos representantes democráticamente, como rige los principios de su unión, pero la idea no prosperó. Según denuncian a este diario algunos de los miembros desencantados, la coordinadora general llegó ya impuesta: “Es empleada de Garzón en la fundación de derechos humanos suya y amiga de su hija”.

Falta de sintonía

Las quejas por la forma en la que se designó a la máxima representante del movimiento se trasladaron vía email a Garzón y Mayor Zaragoza. En la misiva que ambos recibieron se les preguntó si les parecía “la solución más democrática”, pero hicieron caso omiso a la sugerencia de no elegir a dedo a los cabezas visible de la plataforma.

La falta de sintonía entre los fundadores del movimiento y una parte de los voluntarios que quisieron formar parte de esta iniciativa es un hecho. Según denuncian parte de los miembros, Convocatoria Cívica “responde a un proceso de montar una asociación controlada y al servicio no del ideario, sino a otros intereses, y desde luego no responde al concepto y sentimiento que me impulsó a colaborar en ese ideal”, aseguran. Por eso, ya han parte del equipo que se ha dado de baja del movimiento.

Mensaje por Invitado » Lun 03 Mar, 2014 5:53 pm

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Un juez investiga el pago de 100.000 euros por un proyecto sobre víctimas del franquismo de Garzón

El magistrado que instruye el ‘caso Interligare’ centra las pesquisas sobre la supuesta trama de corrupción en el Ministerio del Interior de la etapa socialista en el abono por parte de la Audiencia Nacional de 100.000 euros por un estudio de memoria histórica.

El ‘caso Interligare’, que investiga la supuesta existencia de una trama de corrupción en el Ministerio del Interior en la última etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se extiende más allá de este departamento. El juez Juan Antonio Toro, que dirige el caso tras inhibirse la primera instructora y que es el mismo que se ha hecho cargo del ‘caso Blesa’ tras la suspensión de su compañero Elpidio José Silva, ha ordenado a la Policía centrar ahora parte de las pesquisas en un proyecto sobre Memoria Histórica que encargó en 2008 el entonces juez Baltasar Garzón y que le costó a la Audiencia Nacional 100.000 euros. El testimonio de una de las empleadas de la empresa de consultoría de seguridad que da nombre al caso apunta que el informe se limitó a recoger una simple “horquilla de víctimas del franquismo” cuya utilidad fue nula y que, además, los pagos se derivaron a una segunda empresa para que no figurara Interligare, con deudas entonces en la Seguridad Social. El magistrado ya ha ordenado a los agentes que intervengan la documentación que esta trabajadora dice poseer en un ordenador portátil y ha tomado declaración a dos directivos de sendas compañías bajo sospecha.

Mensaje por Invitado » Jue 20 Feb, 2014 4:17 pm

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El ex juez coordina a los abogados de los implicados en el
Garzón defiende los intereses de un supuesto jefe de la mafia rusa

El bufete de abogados de Baltasar Garzón, Ilocad SL, se ha hecho cargo de la defensa de los intereses de Viktor Kanaikine, considerado por la Guardia Civil y la Fiscalía como el jefe de una «organización criminal» rusa desarticulada por la Audiencia Nacional, según han confirmado a EL MUNDO varias fuentes de la investigación.La red mafiosa rusa está acusada de blanquear en España más de 56 millones de euros, canalizados a través de paraísos fiscales y «procedentes de actividades delictivas» llevadas a cabo en Rusia.

La empresa Development Diagnostic Company Limited (DDCLimited), fundada por Viktor Kanaikine en 2004, ha dado poderes a varios abogados españoles pertenecientes a tres bufetes distintos, para que se encarguen de la defensa de sus intereses económicos.

http://www.ilocad.info/

Mensaje por Invitado » Mar 11 Feb, 2014 7:06 pm

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Acto en la Facultad de Ciencias de la Educación de Santiago
Independentistas gallegos revientan una conferencia de Garzón y le llaman 'fascista y torturador'

El ex juez los invitó a participar del debate pero tuvo que suspender la charla

Un grupo de jóvenes independentistas gallegos han impedido este lunes al ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pronunciar una conferencia en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago sobre los Derechos Humanos. Los activistas más jóvenes del independentismo gallego acusan a Garzón de ser "un torturador, fascista y español". Los argumentos de los exaltados agrupados en torno a AGIR se completaron con una descripción del ex juez a través de las redes sociales y con la glosa de su actuación que consistió básicamente en impedir al resto de estudiantes escuchar a Garzón.

Tras desistir de su intento de dirigirse a los estudiantes, el ex juez ha lamentado la actitud del colectivo estudiantil independentista y ha asegurado que él "siempre" trató de que la lucha antiterrorista fuese "una lucha legal". De esta forma respondía a las críticas de los jóvenes independentistas por el trato que el ex juez dio en el pasado a los terroristas independentistas gallegos enjuiciados en la Audiencia Nacional. Según Garzón "la política antiterrorista de España puede tener fallos, se puede corregir, se debe corregir", pero ha recordado que él creó un protocolo para "prevenir los casos de tortura y maltrato" y también "las falsas denuncias contra los policías".

El ex juez ha explicado a través de un comunicado [lea el texto en PDF que lo que trató de explicar a los estudiantes que le tildaron de "fascista" y "torturador" fue que "sin duda, se tiene que profundizar más en la investigación de los casos de tortura". Ante ello, lo que ha lamentado es que este colectivo "continuase repitiendo sus consignas" en lugar de participar en la conversación.

Los jóvenes independentistas contaron con el apoyo organizaciones como NÓS-UP que a través de su cuenta oficial Twitter felicitó a los alborotadores "por la coherente respuesta a la presencia del cómplice de la tortura Baltasar Garzón en la universidad pública gallega".

Mensaje por mamarracho » Lun 20 Ene, 2014 12:36 am

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Garzón pide a las víctimas de ETA que “reconozcan” a las del franquismo
“En España hay diferentes categorías de víctimas y eso es gravísimo. Me gustaría que las víctimas del terrorismo reconocieran que las víctimas del franquismo siguen esperando justicia, verdad y reparación 70 años después”, ha denunciado hoy el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en un acto de la Plataforma por la Comisión de la verdad celebrado en el Ateneo de Madrid.

Mensaje por Invitado » Mar 14 Ene, 2014 2:43 pm

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LA AUDIENCIA LE forzó A SEGUIR LA INSTRUCCIÓN
Garzón paró la investigación a la SGAE porque era socio y cobraba derechos de autor

Baltasar Garzón paró la investigación a la cúpula de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por presunta apropiación de fondos, actualmente a cargo del juez Pablo Ruz, después de que en 2008 se diera de alta como socio de la entidad para poder cobrar derechos de autor. Garzón pidió inhibirse para evitar una posible recusación por conflicto de intereses, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó sus argumentos y le obligó a seguir adelante con la instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias en noviembre de 2007 a raíz de una denuncia presentada por varias asociaciones de internautas contra la SGAE y parte de su cúpula directiva, a la que acusaban de apropiación indebida de los fondos recaudados por los derechos de autor y el canon digital. Cuando la Fiscalía trasladó a la Audiencia Nacional la denuncia, en marzo de 2010, esta recayó precisamente en el Juzgado Central de Instrucción número 5, que entonces ocupaba Garzón. Y el magistrado, que era en ese momento socio de la SGAE, decidió abstenerse.

Garzón había solicitado en 2008 el ingreso en la SGAE. El Consejo de Dirección de la sociedad de autores, entonces encabezado por Eduardo Teddy Bautista, lo aceptó como socio de la entidad en octubre de aquel año con el número 107.706, deseándole una "larga y fructífera permanencia". Y ese mismo año el magistrado cobró 3.358,58 euros en concepto de derechos de autor, cantidad que en 2009 se redujo a 535,07 euros.

Esos "rendimientos de actividades profesionales" correspondían a los derechos de autor generados por su participación en el documental El alma de los verdugos, dirigido por el periodista Vicente Romero sobre una idea del propio Garzón. El documental, que fue emitido por La 2 de TVE, bucea en el perfil psicológico de los principales torturadores –y algunas de sus víctimas– de la dictadura militar argentina que siguió al golpe militar de 1976. Garzón, que sigue siendo socio de la SGAE, colaboró también en el guion del documental.

Leer más: Garzón paró la investigación a la SGAE porque era socio y cobraba derechos de autor - Noticias de España http://bit.ly/JY9SGL

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